100 Años de Presencia Argentina en la Antártida

CLAVES Nº 132 – Octubre 2004

No se ama lo que no se conoce, no se defiende lo que no se ama.

Los días 8 y 9 de octubre pasado se realizó en la ciudad de Ushuaia un importante Simposio Científico-Jurídico que sus convocantes titularon “A cien años de la presencia permanente e ininterrumpida de la Argentina en la Antártida”, organizado por la Asociación Argentina de Derecho Internacional y la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”. Con el marco de la imponente belleza de la más austral de las ciudades argentinas, el encuentro fue realmente intenso y, como suele suceder, no tuvo una repercusión nacional comparable con las expectativas que había generado en la joven provincia, pese a que el lema lo ameritaba largamente.

Se trabajó en ocho paneles, que tocaron los siguientes temas. “De la Antártica heroica al Tratado Antártico. Presencia Argentina en la Antártida: ayer y hoy”, “El Tratado Antártico y su Sistema. La Antártida Argentina”, “Condición jurídico-territorial de la Antártida. La problemática jurisdiccional de la Antártida”, “Investigación científica antártica”, “Conservación de los recursos vivos marinos antárticos”, “Protección del medio ambiente antártico”, “Ushuaia: Puerta de acceso a la Antártida” y “Perspectivas futuras. Reflexiones finales”. Participaron como panelistas diplomáticos, como los embajadores retirados Juan Carlos Beltramino y Roberto Guyer, quienes fueron en su momento negociadores del Tratado Antártico, abogados, licenciados en relaciones internacionales, investigadores del CONICET, especialistas en cuestiones ambientales, legisladores y magistrados fueguinos. En nuestro caso, participamos en el tercer panel abordando precisamente la complicada cuestión jurídico-territorial.

Pero fue el séptimo panel el más revelador, en el cual intervinieron personas radicadas en la Ushuaia y un experto de la Dirección Nacional de la Antártida. Así pudimos advertir cabalmente lo que representa para esta provincia la cuestión antártica. En efecto, no es exagerado considerar que su destino y futuro se hallan asociados en gran medida a toda la actividad en el continente blanco y, por suerte, los fueguinos están concientes de ello y trabajan en esa dirección con la carga histórica adicional de recordarle al resto del país que aquellos territorios tan lejanos forman parte de nuestro patrimonio nacional. Para un país de enormes espacios vacíos y una población peligrosamente baja para su dimensión, la cuestión antártica parece una utopía. Pero nuestros hermanos del extremo sur tienen arraigada su conciencia espacial considerándose la provincia más extensa además de ser el centro de la Argentina, equidistante entre La Quiaca y el Polo Sur. Por lo demás, se trata también de un imperativo constitucional según lo refieren los artículos 1 y 2 de la Constitución Provincial, que a su vez se corresponden con los artículos 13 y 75 inc. 15 de la Constitución Nacional. Cabe señalar que la Argentina ha mantenido al respecto una política nacional muy coherente y activa, lo que se reflejó en la designación de Buenos Aires como sede de la Secretaría permanente del Tratado, a partir de mayo del presente año.

Se puede hablar muchísimo sobre la complejidad del Sistema Antártico, que nació como otra etapa del enfrentamiento estratégico entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en la fase más dura de la guerra fría. El Tratado fue suscripto en Washington, el 1º de diciembre de 1959, entre doce estados (Argentina, Australia, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Unión Soviética y Unión Sudafricana), entrando en vigencia a partir de 1961. Esos países tienen el estatus de signatarios originales y a la vez parte consultiva, lo que los habilita a participar en las reuniones periódicas en las que, con el correr del tiempo, se fueron tomando decisiones que estructuraron  y completaron el sistema. En la actualidad son más de 40 los estados adheridos, algunos de los cuales son también parte consultiva.

La Antártida no sólo es el más incontaminado laboratorio científico del mundo sino también un sistema jurídico sui generis que hasta la fecha ha funcionado razonablemente bien. Desde siempre hubo una fuerte presión para lograr su internacionalización y tras ello la declaración de Patrimonio Común de la Humanidad, lo cual obedece a los enormes recursos renovables y no renovables que encierran el suelo y las aguas adyacentes. Sin embargo, pese a los avances técnicos, su fragilidad ecológica impide iniciar políticas extractivas masivas.

Argentina posee un sector que se superpone con el chileno y con los reclamos británicos, sosteniendo derechos con títulos perfectos derivados de la herencia española, el principio del uti possidetis iuris, la ocupación efectiva y la continuidad y contigüidad geográficas. Aparte de los tres mencionados, también sostienen reclamos con fundamentos variados Australia, Francia, Nueva Zelanda y Noruega. De los restantes signatarios originales, Estados Unidos y Rusia (en un principio partidarios de la internacionalización, junto a Nueva Zelanda y el Reino Unido) no reconocen derechos pero hacen reserva de los que les pudieran corresponder. La República Sudafricana no hace ni admite reclamaciones; Japón renunció a efectuar reclamos y Bélgica carece de una posición definida. Todo ha quedado cautelado en el art. IV del Tratado, que congela las cuestiones de soberanía a la par que establece que no pueden haber otros reclamos ni aumentarse los esgrimidos con las actividades que allí se realiza cada estado.

Existe en nuestro país una concepción de la política internacional actual sostenida por académicos y algún sector político, que considera que el mundo será lo que los EE.UU decidan y, por tanto, propician el alineamiento automático con la Casa Blanca. No obstante, la situación de Irak hoy revela que nuestro pobre planeta necesita aún del multilateralismo. Esta segunda concepción es más propicia para sostener nuestros derechos antárticos: todavía vivimos un mundo de estados y por ende territorio y recursos naturales siguen siendo fuentes primordiales del poder nacional.