Revista Claves nº 237 – marzo de 2015
“La demanda boliviana por soberanía es un hecho que ningún gobernante
ni partido político chileno pueden rehuir, si se pretende alcanzar un acuerdo
definitivo. En los sentimientos del pueblo boliviano, el simbolismo de la cualidad marítima trasciende las
racionalidades política y económica” (Sergio Bitar, Un futuro común: Chile, Bolivia y Perú. El norte de Chile en el siglo
XXI, pág. 183. Ed. Aguilar, 2011).
Contexto
La única guerra generalizada ocurrida en
Suramérica fue por la independencia y concluyó en la Pampa de Ayacucho, en
diciembre de 1824. A partir de esa fecha los nuevos Estados apuraron tratados
políticos apuntando por un lado al mutuo reconocimiento como tales y, por otro,
delimitar las respectivas jurisdicciones nacionales. Con tal objetivo se invocó
el principio uti possidetis iuris de
1810, una excusa jurídica extraída del Digesto romano aplicable a los actos
posesorios. La fórmula permitía invocar las delimitaciones trazadas por reales
cédulas (la de 1782, para el Virreinato del Río de la Plata), acreditando así
la condición de sucesores de la corona española. Cada cual con su hijuela,
nuestros países fueron acomodando sus lindes internacionales y en varios casos
la indefinición tensionó fronteras, pero nunca a nivel de desmadre.