Diario El Tribuno, 8 de marzo de 2018
El presidente Macri habilitó debatir sobre
la sensible cuestión del aborto y admitió que sus legisladores de Cambiemos
voten a conciencia (¿!). “Alguien” le habrá soplado que la cuestión viene al
pelo, una vía de escape para zafar de los atolladeros que el propio gobierno se
procura. Si así fue, la carencia de estrategias para el largo plazo confirma
que el nuestro es un país sin proyecto.
De inmediato se disparó otro debate vocinglero
all’uso nostro en diarios, radios y
tv de penetración nacional, colapsando una agenda política que arde. Todo es liviano,
confuso y con buena dosis de cinismo, pese a que -por la esencia del tema-
debiera ser reflexivo, transparente, sin apuros ni chicanas. La sorprendida
opinión pública volvió a quedar descolocada.
Pero las grietas pagan bien a
cualquiera que las sepa utilizar para su provecho. Es previsible que, el 8 de
marzo, las futuras marchistas, proclives al desborde según sabemos, vayan por todo:
aborto libre seguro y gratuito.
La Casa Rosada dio este paso en el
peor contexto, agregando a la infranqueable grieta vigente la producida dentro
de sus propias filas. No hay punto medio en esta materia: se defiende o no se
defiende la vida desde la concepción. Abortar implica provocar la muerte de un
feto, de cualquier manera y en cualquier etapa; y eso no se disfraza con el
eufemismo “interrupción voluntaria del embarazo”.
Se trata por cierto de una
problemática multifacética. En esta nota solo mencionamos algunas que dan para
un debate particular exhaustivo, con la amarga sensación de que nos madrugaron.
Empecemos con la oportunidad política.
Frente a la agobiante conflictividad económica y social, es inoportuno hacerla
ya y limitada al Congreso Nacional. ¿Cuántos legisladores nacionales salteños
expresaron su posición en campaña de modo inequívoco? El electorado, frente al
hecho consumado, deviene en mero espectador, como sucediera con el “matrimonio
igualitario”.
Entonces, ¿por qué no considerar una
consulta popular vinculante con pleno respeto de las autonomías provinciales si
sus habitantes lo rechazan? ¿Cuál es, pues, el interés nacional en juego para
defender? ¿Por qué uniformarnos en una Argentina que contiene un vasto mosaico
cultural? La modernidad progresista de Buenos Aires vs. conservadorismo provinciano,
¿es eso lo que confronta? ¿Quién y con qué derecho se nos juzga? ¿Es la mala
relación de Macri con el Papa Bergoglio, o simplemente laicidad vs. religión?
Ahora bien, desde el punto de vista
jurídico, ¿qué se debatirá?: ¿otras causales exculpativas?, ¿despenalizar o
legalizar?, ¿convertir en ley el inicuo fallo de la Corte Suprema de 2012 por
aquel caso de Chubut? Nada está claro.
Argentina es Estado parte del Pacto de
San José de Costa Rica (1969) recién desde 1984 y le concedió jerarquía constitucional
en la reforma de 1994. El art. 4.1 de ese tratado –referido al “Derecho a la
vida”- establece que ella estará protegida por la ley a partir del momento de
la concepción, o sea desde la fecundación misma. Cualquier legislación que vaya
contra este clarísimo principio y habilite la interrupción del embarazo requeriría
la denuncia del Pacto. [Por eso se da vueltas alrededor del art. 86 del Código
Penal, que penaliza el aborto salvo en las dos causales previstas en esa norma
y subsiste por su precedencia respecto del Pacto. Una fórmula “alternativa”
conducirá a la lisa y llana legalización].
Para abrir ese cepo, la consigna de los
abortistas consiste en depreciar la inmanencia del feto, anticipo de la
trascendencia de esa persona. Ocurrida la fecundación, existe ya un ser de la
especie humana, no un bicho desechable. Eso se consta por la “novedad
biológica” del embrión, por su individualidad (cuyo centro coordinador es el
genoma) y continuidad (ese ser será el mismo hasta su muerte), autonomía
(respecto de la madre), especificidad (su cariotipo –conjunto de cromosomas de
la especie- responde a la naturaleza humana) y biografía (ocurrida la
concepción, el ser es “viviente”). Esos datos embriológicos son
incontrastables.
Una faceta más para considerar engarza
con la incertidumbre: ¿cuántas muertes por aborto ocurren realmente por año en
la Argentina? ¿Son confiables las estadísticas que circulan con intermitencias?
¿Incide la pertenencia a una determinada clase social? Va de suyo que, como en
el caso de los desaparecidos, una sola muerte por aborto clandestino ya es
repudiable, tanto como inadmisible la manipulación de cifras.
Saber dónde estamos parados habilita
la consideración de políticas complementarias, empezando por una educación
sexual a-ideológica de los adolescentes, respetando el derecho de sus familias
para decidirla cómo y dónde.
El embarazo adolescente es, desde
luego, un despropósito por donde se lo mire. La protección integral de niñas y
adolescentes en esa situación es tarea elemental de cada familia, pero genera
la responsabilidad del Estado, que debe facilitar la contención psicosocial de
aquellas madres-niñas gestantes de un hijo no querido, y de sus familias. Si el
embarazo se debe a una agresión sexual, la problemática es más vasta pues
involucra a la política de seguridad y al funcionamiento de los juzgados
penales. En estas materias continuamos aplazados.
Asimismo, es imprescindible una legislación
que permita que esas criaturas no deseadas, nacer y crecer sanas de cuerpo y
alma en el seno de una familia sustituta. Los mecanismos de adopción legal son
engorrosos e ineficientes y no dejan margen para que la gestante decida darla
sin traumas irreversibles.
Otra arista insoslayable, ausente en
el debate de una dirigencia que no mira más que el árbol de la coyuntura, es la
perspectiva geopolítica. Lo plantearemos hasta el hartazgo: para un país que es
la 8ª extensión territorial del planeta, su baja población y la pésima
distribución de los núcleos humanos es suicida, a la luz del movimiento de
piezas que se advierte en el tablero del poder mundial. El casi 1.400.000 habitantes
de Salta, 6ª superficie continental del país, limita nuestra viabilidad como
provincia rectora.
Hoy pretendemos el estatus de
supermercado del mundo y gustosamente asumiríamos esa nominación, funcional a
los intereses de las grandes potencias. Mientras tengamos capacidad para
alimentar a 400 millones de personas, nos tolerarán todos nuestros desconcertantes
vaivenes.
Cabe recordar que el empeño abortista integra
el colectivo “control de natalidad”, inspirado en las usinas ideológicas del
establishment internacional a partir del Informe Meadows (“Los límites del
crecimiento”) de 1972 y el Informe Kissinger (“Consecuencias del crecimiento
mundial de la población para la seguridad de los estados Unidos y sus intereses
de ultramar”), de 1974, trasladados a las políticas del Banco Mundial en
tiempos de R. McNamara. El paquete incluía la esterilización masiva en los
países más pobres de África, las píldoras anticonceptivas, el aborto, la
eutanasia y cuanto subterfugio permita eliminar gente. Hambrunas y enfermedades
también aportaron lo suyo.
Resultado: la inversión de la pirámide
demográfica está ocasionando graves trastornos sociales y económicos en los
principales países europeos, a los que la progresía criolla tanto se quiere
parecer.
Aparte de consideraciones éticas y morales,
Argentina no puede darse el lujo de impedir nacimientos con el argumento de la
libertad de decidir sobre el cuerpo (un absurdo por donde se lo mire), sea que
la mujer resida en un country o en una villa, sea que el embarazo provenga de
una agresión o de una noche de jarana. De allí la urgente necesidad de
planificar políticas demográficas, equilibradas y sostenibles, para el largo
plazo, asignatura pendiente desde el llamado alberdiano a poblar el país.
Por último y más importante,
precisamente la cuestión moral. El choque cósmico entre el valor libertad y el
valor vida comenzó con la crisis de la modernidad. Si se privilegia la libertad
(¿puede haber libertad sin vida?), una sociedad se condena a sí misma.
No se trata solo de un compromiso de
la religión católica, que lo es y cómo, también de la buena conciencia de ateos
y agnósticos. Gustavo Bueno Martínez, reconocido filósofo español fallecido en
2016, ateo y marxista, sostuvo -cuando se dio el debate en España- que el
aborto era una perversión de la democracia.
La moral cristiana –y la moral
musulmana, en esto coinciden- rechazan el aborto según su respectiva teología y
los fieles de ambas representan casi la mitad de la población mundial. El dato
no puede pasar desapercibido.
En su libro La política en el siglo
XXI (pág. 228), el gurú Jaime Durán Barba sostiene que “Los valores no tienen
que ver con la lógica, sino que normalmente están más vinculados a la
superstición”. Con este estratega diseñando la agenda oficialista, media
batalla está perdida.
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