Las Discusiones Posibles con el FMI

CLAVES 125-  MARZO 2004

Su propia dinámica colocó al gobierno nacional en un brete: pagar era malo y no pagar también. Estando casi lista esta nota, llegó el día previsto para el pago de los us$ 3.100 millones, constituido en un Día D por la voracidad periodística. Al fin, el Presidente Kirchner lo hizo, abriendo otro capítulo para este interminable tango argentino.

Describiendo el escenario

Las sucesivas crisis de deudas públicas –Méjico, Brasil, Rusia, Malasia, Argentina, entre las principales- han planteado un debate intenso sobre la vigencia del sistema de Bretton Woods, cuyo origen se remonta a 1944. Parece aún hoy prematuro darlo por acabado sin otro más eficaz que lo remplace; su revisión debe atender a las condiciones políticas del mundo actual: no se puede prescindir de organismos multilaterales en los cuales los estados planteen cierta clase de problemas y les busquen soluciones conjuntas.

Vivimos una época en que las reglas de juego políticas y económicas dependen, en última instancia, de las decisiones estratégicas de las mayores economías industriales del mundo. En realidad, desde la segunda posguerra no se han fijado de otro modo; y cuando hacia fines de los años 60 se impulsó un ‘nuevo orden económico internacional’ en foros de Naciones Unidas, el eje de los conflictos mundiales cambió de este-oeste a norte-sur. Así, los acuerdos en el seno del G7, por buen tiempo todavía, seguirán ahondando la brecha entre pocos países ricos y muchos países pobres como lo advirtiera la Encíclica Populorum Progressio en 1967.

Las instituciones de Bretton Woods –Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial- también han recibido críticas por parte de intelectuales y políticos de todas partes, quienes entienden necesaria la revisión de sus estatutos y de las recetas económicas que propician. Es bueno recordar que una de las propuestas de reforma al cumplirse los 50 años de Naciones Unidas, fue la implementación de mecanismos para un mejor control de aquellos organismos. FMI y BM integran desde hace años el sistema de la Organización, pero conservando plena autonomía de funcionamiento. Hasta tanto no ocurra lo contrario, el G-7 seguirá reservándose el derecho de monitorear a los monitores. Va de suyo que el mismo tipo de problemas plantea la supremacía económica de los países centrales en la Organización Mundial de Comercio.

Si a este panorama económico se agrega el descalabro del sistema de seguridad colectiva de la ONU, reemplazado de hecho por el unilateralismo norteamericano, vale encarar seriamente y rápido sobre las causas últimas de tanto descontrol; dicho esto sin anteojos ideológicos y considerando igualmente acciones y omisiones de todos los miembros de la comunidad internacional.

Las responsabilidades propias son parte del problema: cuando un país tiene claro su destino, ni el catálogo del Consenso de Washington (ver CLAVES nº 105), igualmente en revisión por sus impulsores, son inevitables. Y esto lleva a considerar otro aspecto importante, propio de cada política nacional.

Mirando hacia adentro

No es bueno andar buscando enemigos y conspiraciones todos los días. Nuestros peores adversarios a veces somos nosotros mismos y nuestros fantasmas. Al fin y al cabo el tándem Köhler-Krueger y los esfuerzos del Departamento del Tesoro norteamericano nos permitieron franquear una puerta trancada.

En el instante de nacer a la independencia política, comenzó nuestra vida económica signada por el endeudamiento, coincidiendo con la primera revolución industrial de los telares mecánicos. Si se pudiera resumir nuestro des(a)tino económico en pocas palabras, diríamos que los latinoamericanos en general nos movimos entre ciclos expansivos de manteca al techo y ciclos recesivos de endeudamientos varios. Hubo una desaprensiva falta de atención de dos objetivos esenciales para cualquier economía sana: inversión industrial para sustituir importaciones e inversión en infraestructura básica.

Nuestro problema nacional de ahora, pues, no pasa tanto por la negociación temporal de metas parciales cuanto por definciones económicas de fondo. Esa ausencia subyace en los interminables entuertos de renovación de los tramos de la deuda externa. Por cierto, si no se pagaban los us$ 3.100 millones, Argentina hubiera entrado en nuevo default, cuyas malas consecuencias nadie podía predecir cabalmente. Ello sumado a la preocupación de los altos funcionarios del FMI, temerosos de un efecto dominó si no mundial al menos regional. Esta apreciación no alcanza para dormir tranquilos, ya que el temor de los acreedores se refleja en el endurecimiento de las negociaciones y en la presión que ejercen los principales accionistas, los países del G 7, casualmente. La cantidad de inversores privados es para esos gobiernos (especialmente el italiano) un motivo de preocupación política interna.

La experiencia histórica demuestra que si un gobierno sabe lo que quiere y exhibe un programa de crecimiento económico coherente y sustentable (recuérdese, por caso, la experiencia inicial del gobierno de Arturo Frondizi), el otorgamiento de nuevos créditos, el refinanciamiento de la deuda, las quitas o esperas, son más fáciles de obtener; esto implica una firme decisión de acrecentar los recursos de poder nacional. Al contrario, cuando el proyecto económico no existe o ha fracasado, disminuye el margen de maniobra para negociar en  posición de fuerza, aunque se cuente con un hábil equipo negociador.

En la Argentina de nuestros días, el gobierno se entusiasmó con la tasa de crecimiento del último año, cuyo origen se encuentra, para algunos analistas, en razones distintas a las de una verdadera movilización de riqueza (fin de la convertibilidad, devaluación, precios de la soja). Acreedores y gobierno saben que mantener tasas superiores al 7 % anual en las condiciones de la economía mundial es difícil.

Pese al acuerdo finalmente alcanzado, el FMI nunca dejó de considerar la situación argentina con una visión más amplia. Sus exigencias consideran no solo la deuda con el organismo sino también la contraída con bancos e inversores privados.

No es un mal recurso supeditar los pagos al crecimiento, algo elemental para acreedores y deudores de toda especie. Pero en nuestro caso los acreedores recelan de su deudor y por tanto no alcanza el voluntarismo: sin un plan concreto, nos guste o no, refulge la imprevisibilidad argentina. La pregunta que cabe es: ¿tiene el gobierno del Sr. Kirchner un plan de desarrollo para mediano y largo plazos? Dicho plan, aparte de metas claras, necesita inversores. La imagen de país ‘rebelde’ que tenemos nos limita el acceso al crédito internacional público y privado; los capitales no van donde no hay previsibilidad y seguridad jurídica. El ahorro interno es insuficiente, sin considerar que existen miles de millones de dólares argentinos colocados en el extranjero que no tienen intención de regresar.

No son buena señal, entonces, algunos datos del presupuesto ejecutable en este año y confeccionado bajo el signo del ajuste. El compromiso de lograr un superávit primario equivalente a un 3 % del PBI, lo corrobora; lograrlo implica congelamiento de sueldos y haberes previsionales que bajarán por obra de la inflación el poder adquisitivo de la gente. Esta fórmula se acompaña con mayor presión tributaria y disminución de partidas destinadas al gasto social. Los economistas enseñan que hay distintas maneras de aumentar el superávit fiscal: mejorar la recaudación impositiva, reducir drásticamente el gasto público, crecimiento de la economía; o una sabia combinación de las tres. Para romper el círculo vicioso de más de un cuarto de siglo, aprovechando el crecimiento de estos meses pero acertando con las prioridades, es imperioso poner énfasis en el crecimiento global de la economía.

  

Lo que vendrá

En adelante será menester que se trabajen dos situaciones en paralelo: las negociaciones de coyuntura y los temas de mediano y largo plazo. En cuanto a lo primero, los argentinos hemos seguido el reciente proceso negociador con una prevención sedimentada por años de desconfianza hacia la dirigencia política, y la sensación de que, si bien la firmeza para negociar es necesaria, su eficacia guarda estrecha relación con la acumulación de recursos de poder. Ese es el límite para evitar que se corte una cuerda ya demasiado tensada.

Cuando en septiembre último, Argentina declaró en Dubai que no podría pagar a sus acreedores privados más que el 25 % de una deuda de us$ 88.000, las opiniones fueron negativas. Una quita del 75 % no es lo mismo si se considera la deuda original que los montos actuales. Por eso, tal vez sea menester introducir la cuestión de los plazos y extenderlos lo más posible con menos quita. Probablemente eso calme a varios países del G 7 (Alemania, Francia, Italia), que otrora nos apoyaban y ahora revieron su postura achacándonos mala fe. Es importante salir de esa línea de fuego con habilidad, para no ser los chivos expiatorios de un sistema que los necesita para poner en caja a gobiernos díscolos.

Los expertos preanuncian un endurecimiento de acá a septiembre, fecha en que se renegociarán nuevas metas. Hasta ahora las exigencias del Fondo, que habían frenado el acuerdo, eran: a) trato preferencial para el Comité Global de Tenedores de Bonos y compromiso expreso para iniciar negociaciones con este grupo; b) cualquier propuesta argentina debe contar con la aceptación del 80 % de los acreedores; c) firma del decreto designando el comité de bancos que representará a la Argentina en la negociación con los tenedores; d) postergación de la firma de cualquier acuerdo con los acresdores. Seguirán sin duda en la agenda, pero sumándose otra vez la presión para elevar el porcentaje del superávit primario. En el Fondo razonan así: si la economía argentina crece, debe subir ese superávit al 3,5 o 4 % para que se amortice más deuda (nuestro PBI llega a unos us$ 160.000 millones; el 3 % son us$ 4.800 millones). Este aspecto por sí solo tensará las discusiones; imaginemos hasta dónde llegará si además se nos exige incluir la suba de tarifas públicas (algo se concedió al respecto) y coparticipación federal.

En cuanto a las acciones de mediano y largo plazos, habrá que tentar las que siguen. Hoy los 10 países más industrializados del mundo poseen más del 50 % de los votos del FMI y del BM. Desde su origen, los recursos del Fondo se formaron con el aporte de los países miembros, consistentes en cuotas integradas parte en oro parte en moneda nacional, de modo que cada país tiene a su disposición créditos equivalentes al monto aportado, cada vez que los requiera. Los problemas se presentan para los países en vías de desarrollo, cuando se necesita un préstamo por mayor valor que el importe de las cuotas. El FMI presta igual, pero condicionando la ayuda a sus recetas y al monitoreo de las mismas. Esta situación evidentemente no resiste más, no obstante nuestra condición de ex alumnos aplicados. De modo que algún debate habrá que instalar al respecto en el seno de Naciones Unidas y organismos  especializados.

Otra maniobra diplomática imprescindible apunta al Mercosur. No obstante los problemas nacionales propios de cada miembro, debe fortalecerse la relación intraregional en beneficio del bloque mismo y de su relación con los países de la Unión Europea.

Tampoco puede estar ausente del arduo debate de la deuda pública, la cuestión de su legitimidad, aunque hayan pasado cuatro presidentes con sus respectivos congresos sin que pudieran o quisieran cerrar esta otra enorme herida social. Por supuesto que para la coyuntura y el corto plazo no cuenta demasiado, pero es importante esta otra acción para un futuro mediato. La deuda argentina, y por extensión la de todos los países deudores, es un problema político y estructural de la economía internacional. El gran esfuerzo consistirá en instalar definitivamente su consideración en la agenda pendiente, con la misma contundencia con que se tratan los problemas ambientales o el terrorismo, teniendo presente este agravante: los deudas terminan desestabilizando gobiernos y exasperando sociedades porque inciden en las condiciones de vida y gobernabilidad de nuestros pueblos. ¿Acaso necesitamos más pruebas que dos gobiernos arrasados por sendas crisis económicas?

Este esfuerzo no es realizable en solitario; requiere acciones diplomáticas hábiles y constantes en todos los foros multilaterales posibles, incluso –siguiendo la tesis de Miguel A. Espeche Gil- la petición por la Asamblea General de la ONU de una opinión consultiva conforme al mecanismo previsto en art. 65 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, o el acceso a tribunales nacionales con el mismo criterio amplio de justicia universal para los derechos humanos.