CLAVES
Nº 135 - MARZO DE 2005
En diciembre pasado, y luego de varios forcejeos,
tuvo sanción legislativa el convenio nuclear celebrado entre la empresa
argentina INVESTIGACIONES APLICADAS SOCIEDAD DEL ESTADO (INVAP SE) y la
AUSTRALIAN NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY ORGANIZATION (ANSTO), destinado a la
provisión de un reactor nuclear de investigación y producción de radioisótopos.
La
aprobación del convenio INVAP-ANSTO incluyó una dura confrontación con el lobby de Greenpeace, que habitualmente arrastra tras de sí una cierta
opinión de tintura progresista políticamente correcta. Finalmente se aprobó el
acuerdo, terminando –por el momento- la acción psicológica tergiversadora de la
realidad y contraria al interés nacional. No conocemos exactamente cómo votaron
nuestros legisladores nacionales, pero parece que los 7 diputados y los 3
senadores salteños lo hicieron a favor del convenio. De todos modos, sería
interesante que, en temas de este calibre, desciendan al llano que los ungió y
expliciten sus posiciones.
Cuando están
claros los objetivos políticos y más claro aún el interés nacional, los
emprendimientos que provienen del ámbito tecnológico alcanzan rango de política
de estado por derecho propio. Sin embargo, en esos años iniciales resultaba
paradójico que un país en el cual persistían –con toda su gravedad- los
indicadores del subdesarrollo y una marcada inestabilidad política, pudiese
acreditar logros en una materia que produce escozor en la comunidad
internacional, particularmente en las 5 grandes potencias nucleares, a la sazón
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.
Un plan
nuclear inteligente
¿Qué fue que
hicimos tan bien para estar ubicados entre las industrias nucleares más
competitivas y seguras del mundo? La clave está, a nuestro criterio, en haber
optado desde el inicio por un camino más largo y costoso pero ciertamente de
mayor autonomía y que -a la postre- nos permitió ‘escribir los manuales’ antes
que comprarlos ya hechos. Por lo demás, esa vía se adecuaba al temperamento
argentino, demasiado proclive a pendular entre la euforia inconsistente y la
depresión consentida.
Los países
lanzados a la carrera nuclear, empezaron la travesía con la instalación de
reactores experimentales, los cuales permiten controlar una reacción en cadena
en pequeña escala usando mínima cantidad de uranio enriquecido (U-235). Aparte
de tal experiencia, los neutrones liberados durante la fisión permitían
producir radioisótopos para uso medicinal, una de las principales aplicaciones
pacíficas del ingenio.
Por otro
lado, el uso pacífico de la energía nuclear se orientó a la producción de
energía eléctrica mediante dos líneas de reactores de potencia: los reactores
rápidos, refrigerados con agua liviana o común y alimentados con U-235; los
reactores lentos alimentados con uranio natural (U-238) y enfriados con agua
pesada (dióxido de deuterio DO2).
¿Por qué el
uranio?; es uno de los pocos elementos que emite radiaciones en estado natural.
Argentina tenía bien cubicados los yacimientos del mineral en Córdoba (Los
Gigantes), Chubut (Los Adobes), La Rioja (Los Colorados), Mendoza (Malargüe y
San Rafael), Salta (Don Otto), San Juan (Jáchal) y San Luis (La Estela). Los
recursos razonablemente asegurados y los adicionales posibles nos ponían en
situación de autoabastecimiento, algo primordial para iniciar y sostener un
desarrollo nuclear independiente. Hoy, salvo Los Colorados y San Rafael, todos
fueron desactivados con el transcurso de los años. La extracción de uranio se
había iniciado en Don Otto y Malargüe, en 1955.
El dióxido
de uranio (UO2), materia primea básica para la fabricación de combustible
nuclear, –natural o enriquecido- cuenta con una ventaja adicional: quemado en
forma de pastillas en tubos de zircaloy alineados dentro el reactor, producen
un residuo estratégico, plutonio (Pu), apto para alimentar reactores de segunda
o tercera generación y así producir mayor cantidad de energía eléctrica y más
barata. Además, la producción de plutonio habilitaba teóricamente para obtener
la bomba atómica. Por aquellos años, los países que operaban usinas termonucleares
eran sospechosos de desvío del material para uso militar; con mayor razón si no
habían ratificado el Pacto de Tlatelolco (Tratado de No Proliferación de Armas
Nucleares para América Latina, febrero 1967) y el Pacto de No Proliferación
Nuclear (agosto 1968); tal el caso de Argentina, aunque eso puede ser tema para
otra nota.
Hacia 1970
el procedimiento para enriquecer uranio tenía un costo inaccesible aparte de
dificultades técnicas insalvables. Desde luego se podía adquirir tecnología en
los países nucleares, pero ello implicaba una evidente subordinación
tecnológica. Nuestro país optó, entonces, por seguir la línea de los reactores
morigerados con agua pesada, y mediante el desarrollo de la investigación en
los centros atómicos adquirir la experiencia y técnica necesarias para el
enriquecimiento de uranio.
En un
principio fue la CNEA
La CNEA fue
creada durante el primer gobierno de Perón, el 31 de mayo de 1950, con el
objetivo de regir desde ella toda actividad nuclear en Argentina. La importancia
de sus tareas fue respaldada por la Revolución Libertadora y el siguiente
gobierno constitucional de A. Frondizi, quien en 1960 declaró a sus actividades
de “alto interés nacional”, bajo directa dependencia de la Presidencia de la
Nación. Esto corrobora que la cuestión nuclear fue una verdadera política de
estado, más allá de los gobernantes de turno. Las aplicaciones en materia
energética, agrícola-ganadera, salud y medio ambiente, dan la pauta de la
amplitud e importancia del uso civil.
Los
principales hitos de la actividad atómica institucional en el país fueron,
entre otros, la creación en abril de 1955 del Centro Atómico Bariloche, en el
cual funciona el prestigioso Instituto Balseiro, producto a su vez de un
acuerdo académico entre la CNEA y la Universidad Nacional de Cuyo. En mayo de
1958 inicia su actividad el Centro Atómico Constituyentes, Partido de San
Martín en la Prov. de Buenos Aires, al que se suma el Centro Atómico Ezeiza,
inaugurado en diciembre de 1967. Los tres cuentan con reactores experimentales
y no sólo forman recursos humanos sino que desarrollan variadas aplicaciones de
la energía nuclear.
En mayo de
1957 la República Argentina se incorpora a la Organización Internacional de
Energía Atómica (OIEA), organismo especializado de la ONU encargado de fijar
las salvaguardias para todos los países que fabrican, compran o venden
tecnología nuclear.
En mayo de
1968 la CNEA contrata con Siemens la construcción de la usina de Atucha I de
346 MW de potencia bruta, operativa desde junio de 1974. El 14 de marzo de 1973
se adjudicó la central nuclear de Embalse (Río Tercero, Córdoba) a la Atomic
Energy of Canada Limited, operativa desde enero de 1984, también cuenta con
un reactor PHWR y una potencia de 648 MW. En julio de 1980 la CNEA contrata
nuevamente con Siemens la construcción de Atucha II, con reactor nuclear
previsto para generar 745 MW en la línea del U 238, y cuya puesta en marcha
debió ocurrir en 1987. En julio de 2001, la gestión De la Rúa decidió invertir
alrededor de u$ 800 millones para terminarla y ponerla en marcha. Esta central
también fue objeto de la presión de Greenpeace, que a punto estuvo de
lograr su desmantelamiento.
En
septiembre de 1976 se constituye INVAP S.E., de la que hablaremos más adelante.
Ese mismo mes y año se aprobó el contrato entre la CNEA y una empresa suiza,
destinado a construir una planta de fabricación de agua pesada, en la localidad
neuquina de Arroyito. Inaugurada en marzo de 1993, tiene capacidad para
producir 250 tn de DO 2. Con ella, Argentina se asegura como principal
proveedor mundial de este elemento. En noviembre de 1983, la industria nuclear
nacional dio un salto cualitativo al anunciar
la capacidad técnica para enriquecer uranio en el Centro Tecnológico de Pilcaniyeu,
Prov. de Río Negro.
Argentina y
Brasil, que siempre habían recelado de sus respectivos planes nucleares,
firmaron –julio 1991- un acuerdo bilateral para el uso pacífico de la energía
atómica. Este acuerdo abrió camino para que Argentina ratificara poco después
el Pacto de Tlatelolco (ley 24.272) y el Tratado de No Proliferación Nuclear
(ley 24.448).
En junio de
1996, la CNEA pasa a depender de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del
Ministerio de Educación de la Nación.
Cabe señalar que ya en 1994, la CNEA había dejado de ser la única entidad con
competencia única y total para todo lo que fuera actividad nuclear en
Argentina. Ese año se creó la Autoridad Regulatoria Nuclear, órgano regulador y
fiscalizador de la actividad nuclear. Asimismo, como consecuencia de la ola
privatizadora de la gestión Menem, se creó Núcleo Eléctrica Argentina SA para
operar las centrales nucleares. Por último, en octubre de 1999 se aprueba por
ley 25.018 el régimen de gestión de residuos radiactivos.
El
contrato INVAP-ANSTO y el convenio de cooperación con Australia[1]
Desde su
creación el INVAP se dedica a la tecnología de avanzada en distintos campos.
Sus dos principales áreas, nuclear y
espacial, están calificadas bajo las normas ISO 9001.
El INVAP es
una sociedad estatal de la provincia de Río Negro, dirigida por un directorio
integrado por siete miembros, dos elegidos por el gobierno rionegrino, cuatro
por la CNEA y uno por el personal de la empresa.
La actividad
del INVAP, dentro del cual la participación de la CNEA es muy importante, le ha
permitido ganar mercados internacionales por el nivel de la tecnología que
desarrolló, en especial la de enriquecer uranio. Ha construido varios reactores
experimentales, instalados ya en la propia Argentina, en Argelia, Egipto y
Perú.
En el año
2000 ganó una licitación internacional convocada por la ANSTO para el diseño,
construcción e instalación de un reactor experimental, compitiendo con empresas
de Alemania, Canadá y Francia. Esa venta, llave en mano, representa un ingreso
de u$ 180 millones. Se trata de un contrato de naturaleza privada, ajeno a la
aprobación de ambos gobiernos, cuyo pliego licitatorio requería al
adjudicatario la gestión del combustible nuclear gastado (CNG). La ANSTO tiene
contratada esa gestión con una empresa de Francia; pero si se lo requiere en
algún momento, debe el INVAP hacerse cargo del tratamiento del CNG. Dicho
servicio motivaría un nuevo contrato, e
implicará además la intervención de los entes reguladores con competencia para
intervenir en tal circunstancia. Según los expertos, esa posibilidad no se
dará antes de 10 años de operado el
reactor.
Mientras se
desarrollaba ese proyecto, nuestro país celebró en junio de 2000 un convenio de
cooperación nuclear con Australia, el cual, por ser interestatal, se rige por
el derecho internacional. Por su proximidad con el contrato del INVAP, se
tendió a identificar este tratado, de alcance mucho más amplio, con la
construcción del reactor. Las críticas de Greenpeace no apuntaban tanto
a la construcción del reactor (que, por lo demás, tiene una cláusula de
confidencialidad jurídicamente inobjetable) sino a la firma del acuerdo
gubernamental. En efecto, el art. 12 del mismo prevé las posibilidades de
tratamiento de combustibles y residuos nucleares y según la ONG viola el art.
41 de la Constitución Nacional, cuyo último párrafo textualmente prevé “Se
prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente
peligrosos, y de los radiactivos”. Lógicamente que si el convenio de
cooperación no se ratificaba, posiblemente la provisión del reactor a la ANSTO
hubiera tenido contratiempos.
Ese art. 12
prevé distintas alternativas para el tratamiento de elementos combustibles,
pero establece el regreso del combustible tratado a Australia, sin perjuicio de
las salvaguardias previstas por el mismo acuerdo. El conflicto con los
adversarios al convenio se centró en definitiva en la asimilación del CNG con los desechos
radiactivos (DR), lo cual conceptualmente es distinto. Las explicaciones
técnicas, en verdad, son amplias y complicadas, pero hay un entendimiento
general de que los CNG poseen materiales susceptibles de ser recuperados y
reutilizados en las mismas u otras instalaciones. Entonces, cuando el material
nuclear es imposible de recuperar nada es entonces un DR, que requiere otro tratamiento
muy específico también sujeto a salvaguardias.
Todos los
países poseedores de reactores nucleares de potencia están obligados a contar
con un sistema de enfriamiento de los combustibles quemados en tanques de agua,
próximos a los reactores, para disminuir la temperatura del combustible y su
radioactividad. El proceso de acondicionamiento posterior se realiza bajo normas técnicas muy precisas y no se
conoce ningún caso en el mundo en el que
la radioactividad haya fugado de esas piletas o de las etapas siguientes del
depósito de los residuos, incluso de su transporte a los repositorios. El
fantasma de Chernobyl, siempre meneado en estos casos, obedeció a las
características del diseño del reactor ruso; ese accidente no podría acontecer
en los usados en nuestras usinas.
Sería un
mayúsculo despropósito seguir frenando o retrasando una de las actividades en
las que hemos demostrado altísima calidad y seriedad empresaria. Pocos son los
países que pueden exhibir esta decisiva ventaja tecnológica, en un mundo en el
que cada vez más el liderazgo se asocia con el conocimiento.
[1] Para completar información al respecto, es muy recomendable la lectura
de “El Acuerdo entre la República Argentina y Australia sobre la cooperación en
los usos pacíficos de la energía nuclear. Su adecuación a la Constitución
Nacional”, de los abogados Luis F. Cigogna y Mario A. De Antoni, publicado en El
Derecho, nº 10.619, del 30 de octubre de 2002.
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