Brasil y sus fantasmas

CLAVES nº 162 - Agosto 2007

En nuestra nota anterior (“Brasil inalcanzable”, Claves, nº 161) abordamos la posición actual de Brasil y anticipábamos ésta, en la cual referiremos a los urgentes desafíos que debe afrontar el Palacio del Planalto. Son serias amenazas que entorpecen o retrasan su proyecto de potencia mundial, dos de las cuales quizás encuentren al menos un principio de solución antes de finalizar Lula su mandato: corrupción y violencia; las restantes, la pobreza y la Amazonia, son para el mediano y largo plazos.

Violencia y narcotráfico

Brasil padece en sus mega-ciudades, una violencia interminable derivada del tráfico de drogas, del juego clandestino, la prostitución en todas las escalas y el contrabando de armas. El descontrol ha empezado a ser enfrentado con más preocupación que efectividad, luego de sangrientas revueltas callejeras promovidas desde sus celdas por dos emblemas del desmadre, Fernandinho Beira Mar y Marcola. Vale la pena un par de trazos del perfil de estos bandidos.

Luiz Fernando Da Costa (Fernandinho) es el jefe del Comando Vermelho, organización mafiosa que controla buena porción del negocio de la droga en Río, desde la favela Beira Mar en la Baixada Fluminense. Las operaciones del “Comando” tienen mucho de tácticas de insurgencia urbana, aprendidas de los presos políticos durante los largos años de gobierno militar. Varias veces dado por muerto, fue a prisión por primera vez en noviembre de 1996, de donde huyó gracias a coimas monumentales para los carceleros. A partir de entonces amplió los negocios al contrabando de armas, las cuales entran por Surinam, se acopian en Paraguay y, según informes de inteligencia, se truecan por cocaína en Colombia directamente con las FARC. Precisamente su segunda detención por el ejército colombiano en marzo de 2001, generó zozobra diplomática entre ambos países (E. Gosman, “Golpe al narcotráfico en la región”, Clarín, 07/01/01).

El otro personaje, más refinado y ávido lector, es Marcos Williams Herbas Camacho (a) Marcola, líder del no menos tenebroso Primer Comando de la Capital (PCC), que despliega sus tentáculos por la inmensidad de San Pablo y justifica su accionar delictivo con reivindicaciones populares y retórica leninista. Entre las acciones más violentas del PCC, está la revuelta de tres días que conmocionó la megápolis a mediados de mayo de 2006; Marcola no solo desató la furia sino que unilateralmente dispuso la tregua... (“Marcola, el prisionero que logró poner de rodillas a toda una ciudad”, La Nación, 17/05/06, p. 2).

Frente a tal panorama, el gobierno de Lula reaccionó aprobando un Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía; lanzado el 1º de agosto en las once mayores ciudades de Brasil, implica un gasto anual de u$ 500 millones. El plan prevé tanto políticas sociales de prevención y asistencia como la represión misma y la construcción de cárceles (“Ambicioso plan de Lula contra el delito”, La Nación, Sec. Exterior, 11/07/07, p. 4). Los resultados son inciertos, a estar por el “pre-estreno” de enero pasado, cuando tropas oficiales avanzaron sobre la favela Mangueira precipitando una reacción popular de indignación (“Tropas federales de élite van a Río para combatir narcos”, Clarín, 04/01/07, p. 20).

La penetración devastadora de los intereses de la droga ha crecido de tal forma, que más allá de fernandinhos y marcolas, Brasil es territorio ideal para los narcotraficantes, aunque sin llegar al punto de desplazar a México. En los últimos días, la detención en San Pablo de “Chupeta” (el colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía) reveló otra vez el nivel de coimas, favores y contrafavores, vinculados al negocio de la droga y lavado de dinero. Chupeta clama por que lo extraditen a los Estados Unidos, pues allí se sentirá más seguro que en la cárcel de Campo Grande de Mato Grosso del Sur, en donde espera tiempos propicios... junto con Fernadinho Beira Mar (“Brasil, nuevo paraíso del narcotráfico”, La Nación, 12/01/07, p. 2).

Desde una perspectiva genérica, Jacqueline Muñiz, experta de reconocidos antecedentes académicos, trabaja en los equipos gubernamentales que diseñan la nueva política de seguridad (“Se  debe blindar a la policía del uso político partidario”, La Nación, Enfoques, 20/05/07, p. 8). Ella ha distinguido seguridad de protección, considerando a la primera más integral e importante que la segunda: “Una cosa es seguridad, que es necesariamente colectiva, razón de ser del estado, y otras son las lógicas de protección. Esto último -sostiene- es lo que hacen los grupos armados, pero la protección es precaria, desigual, provisoria y tiene como fundamento la amenaza”. Asimismo advierte contra los reduccionismos de derecha (la represión un fin en sí mismo) y de izquierda (la cuestión es excluyentemente social), y, abogando por una combinación de ambas visiones, apunta contra el populismo y la maquinaria política clientelista. Habrá que seguirla con detenimiento, ya que sus recetas bien pueden aplicarse por estas latitudes.

Corrupción

El narcotráfico, y su ínsita estela corruptora, se derrama en dos direcciones “complementarias”: disputa al estado el monopolio de la fuerza pública (las favelas más pobladas son territorio ocupado y con reglas propias); el dinero narco financia campañas políticas de candidatos cariocas y paulistas. Este par de datos permite apreciar la hondura de la cuestión. Casos resonantes han atosigado al presidente desde su primer mandato y así continúa, protegido todavía por una economía en constante crecimiento.

Hay en Brasil una corrupción enquistada; el propio Lula lo reconoció cuando el diputado federal y primera espada del PTB, Roberto Jefferson, denunció en mayo de 2005 los sobres con sobornos que mensualmente se entregaban a algunos legisladores para aprobar leyes en el congreso. La “mensalâo” le costó la cabeza al Administrador de Correos, Antonio Osorio y a su segundo Mauricio Marinho. En junio del año pasado cayó nada menos que el Ministro de Hacienda, Antonio Pelloci, complicado en una red de tráfico de influencias y lavado de dinero; un año exacto después fue despedido el Ministro de Minas y Energía, Silas Rondeau, complicando al presidente del senado Renán Calheiros (principal socio político de Da Silva), en un fraude en licitaciones de obras públicas.

Como si fuera poco, Vavá apareció en escena. Genival da Silva es el hermano mayor de los 21 que tiene Lula y, según se dice, por quien él tiene un afecto especial. Se lo acusa de tráfico de influencias en la instalación de una red de máquinas tragamonedas que lidera un discutido personaje llamado Nilton Serpo. Según se dice, Vavá carece de dones naturales como para manejar un lobby de ese nivel; pero sumado a los demás escándalos que aparejaron las caídas de altos funcionarios, es evidente que costará mucho erradicar este mal, si no definitivamente al menos en una buena medida.

Dirigentes europeos han hecho llegar un claro mensaje con motivo de la reciente consagración de Brasil como socio estratégico de la UE: Europa no está dispuesta a lidiar con la corrupción brasileña, una de las causas de la maraña burocrática que condiciona los trámites en Brasil e impide los buenos negocios (Ramiro Decarlos, “El misterio de Lula”, Veintitrés Internacional, nº 21, julio 2007, ps. 40/43).

Pobreza y Amazonia

La pobreza en Brasil es un drama que excede al presidente Da Silva, quien desde los primeros días del primer mandato pretendió erradicarla con su programa Hambre Cero, de cuya eficacia se duda. Al igual que en varios países latinoamericanos, la tendencia de la población a radicarse en las ciudades, acá también es un dato de la realidad. El hacinamiento y el desempleo, presupuestos de la pobreza, son las consecuencias inmediatas.  

La cinematografía ha servido para pintar la realidad tremenda de las periferias urbanas y bajos fondos, con Peixote de H. Babenco, o Ciudad de Dios de H. Meirelles. Sin embargo, la miseria está desparramada en todo el inmenso territorio. La pobreza ronda el 20 % (casi toda la población argentina), la esperanza de vida es de 71 años y el analfabetismo ronda el 13,5 %. Según un informe del BID a enero de este año, el 50 % más pobre percibe solo el 10 % del ingreso agregado, y a la inversa el 10 % más rico el 50 % de aquel.

Una de las razones por las que la gente huye del campo es la dificultad para acceder a un pedazo de terreno. Pobreza y propiedad de la tierra están estrechamente ligadas en Brasil. Expresión política de la situación, ha sido el surgimiento del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), un conglomerado de sectores populares desguarnecidos que reclaman tanto la reforma agraria como denostan la economía globalizada. El MST apostó por el triunfo de Lula, pese a que en algún momento debatió su transformación en partido político para distinguirse de los demás. Instalado en el máximo cargo político, Lula fue halagado con el título de ‘compañero de lujo’; hoy apenas es aliado de ocasión, cuya política produce el rechazo de los pobres entre los pobres. Lula no avanzó demasiado en materia de reforma agraria. 

Ligado a esa problemática de vieja data, se encuentra la cuestión de la Amazonia. Su implicancia geopolítica para la región y el mundo, va adquiriendo cada vez mayor significado; en nuestro país lo demuestran numerosos trabajos al respecto, publicados en la revista Estrategia (por ejemplo el nº 33, marzo-abril 1975, Parte II, ps. 44 a 93).

La selva amazónica es una masa verde que abarca también a Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana y Surinam. De tal superficie, Brasil cuenta con el 70 % (5 millones de km2) y la parte brasileña se extiende por los estados y territorios de Amazonas, Pará, Acre, Roraima, Rondonia y Amapá. Allí viven unos 20 millones de habitantes (3.300.000 en 1974) y el 15 % de esa extensión está deforestado, siendo todavía el 69 % una selva original. Allí está el 16 % de toda el agua dulce del mundo, pero el 75 % de las 250 millones de toneladas de carbono que Brasil expele a la atmósfera proviene precisamente de la deforestación (Luis Esnal, “Un buen negocio llamado Amazonia”, La Nacíón – Enfoques, 22/07/07, p. 5).

En cuanto a la titularidad de la tierra, el 37 % es fiscal sin protección, el 33 % es área protegida o reserva indígena, el 24 % es privado y sólo un 6 % está destinado a asentamientos aborígenes y reforma agraria. Como en la época de la colonia, la pelea por la tierra es despareja y sin cuartel. Se calcula que  el 3,5 % de los grandes propietarios concentran casi el 60 % de las tierras aptas para cultivo; el 40 % de campesinos pobres apenas tiene el 1 % de  tierras de igual calidad.

Hace  poco  un tribunal estadual de Pará condenó a 30 años de cárcel a Vitalmiro Bastos da Moura, autor intelectual del asesinato de Dorothy Stang, una monja norteamericana nacionalizada brasileña, comprometida con el campesinado pobre. Este precedente ha logrado lo que no se pudo cuando el legendario Chico Mendes, militando en el PT, fue asesinado en 1988 en similares circunstancias; ahora definirá la Corte Suprema, abriendo una instancia nueva en la lucha por el reparto de la tierra, que involucra al MST y abarca todo el territorio nacional (Fabiana Frayssinet, “¿Fallo simbólico o simple maquillaje?”, Veintitrés Internacional, junio 2007, p. 40).

La Amazonia es una cuestión de alto voltaje político para los gobiernos brasileños, en especial a medida en que avanza la presión de ciertos actores internacionales para, precisamente, internacionalizarla y declararla patrimonio común de la humanidad. Si eso llegara a suceder, cosa que dudamos, Brasil habrá perdido todas sus batallas pendientes; es decir, habrá perdido la posibilidad de erigirse en una de las superpotencias de este siglo.