Claves nº 168 - abril 2008
La relación del hombre con el medio ambiente
presenta constantes desafíos. El trato habido
a lo largo de los siglos llegó hoy a niveles críticos a causa de la imprevisión
y sobreexplotación de los recursos naturales. Por eso, situaciones políticas impensadas
o imprevistas obligan a las naciones a regularlas jurídicamente para que el
desmadre no afecte la paz y seguridad internacionales. En esta nota se abordarán
dos cuestiones que, mal encaradas, darán dolores de cabeza en el corto plazo.
Luego de casi una década de
negociaciones, una conferencia multilateral promovida por la ONU, reunida en
Montego Bay, Jamaica 1982, adoptó el texto de la Convención sobre Derecho
Internacional del Mar (CONVEMAR). Fue un gran esfuerzo que permitió a los
países del mundo contar con reglas de juego claras para delimitar espacios
marítimos a partir de la línea de baja mar. Las cuestiones que se tratarán en
esta nota tienen respuesta jurídica en ese corpus.
En su momento, el Secretario General Kurt Waldheim fue bastante gráfico al
señalar: “No debemos remplazar las viejas
disputas en la tierra por nuevas disputas en el mar”.
El Mar Ártico, congelado casi en
su totalidad, está rodeado de poderosos estados ribereños: Canadá, Estados
Unidos, Rusia, Noruega y Dinamarca; los mayores perímetros de costa son de
Rusia y Canadá, en ese orden. Estos países habían encontrado la justificación
de sus reclamos en la “teoría del sector”, propuesta en 1907 por el abogado y
político canadiense Pascal Poirier
(1852-1933) como variante del principio
de contigüidad geográfica, proyectando líneas desde los puntos más extremos
del territorio a oriente y occidente hasta formar un triángulo con vértice en
el polo norte.
Consecuencia inexorable del
calentamiento global, el deshielo de las aguas del ártico de a poco empieza a
abrir literalmente nuevos rumbos para la navegación y el consecuente aprovechamiento
del suelo y subsuelo marítimos. Así las cosas, en un gesto típico de Rusia
eterna, Putin ordenó el descenso de un batiscafo que plantó una bandera de
titanio en el lecho, a 4.000 metros de profundidad, para reivindicar su jurisdicción
sobre la plataforma continental, sobre todo en el sector que se conoce como
Dorsal de Lomonosov, una cadena montañosa submarina que se extendería desde la
costa rusa a la de Groenlandia, provincia autónoma de Dinamarca.
Eso e invocar a las furias era
casi lo mismo; la primera reacción fue danesa, luego Canadá decidió instalar
una base militar y los cinco países a destinar más fondos para expediciones
científicas o adquirir buques especiales para actividades civiles o de
patrullaje disuasivo. Cabe señalar, sin embargo, que -salvo Estados Unidos- los
estados involucrados participan de los parámetros del derecho internacional del
mar: ejercen su competencia estatal sobre las 200 millas marinas (circa 322 km) de zona económica
exclusiva (solo para explotación de recursos vivos) aplicando los criterios de
delimitación en los respectivos frentes laterales marítimos, mediante acuerdos
basados en la equidistancia.
Pero el verdadero problema está en
la delimitación de la plataforma continental,
un inmenso reservorio de recursos minerales estratégicos; se calcula que
en el subsuelo ártico yace el 25 % de las reservas mundiales de petróleo y gas.
Según la CONVEMAR, “la plataforma
continental de un estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las áreas
submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de
la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen
continental” (Parte VI, art. 76); sin embargo, en ciertos casos ese límite
puede extenderse a 350 millas marinas. Estas disposiciones dan una clara idea
de cuánto puede ganar en espacio geográfico cada estado ribereño, que ejercerá sobre
ella los derechos de soberanía “a los
efectos de su exploración y de la explotación de sus recursos naturales”
(art. 77). La CONVEMAR y su Anexo II cuentan, además, con reglas claras para
delimitar plataformas de estados adyacentes o con costas enfrentadas.
Entonces, ¿cuál es el problema, si
esos países del primer mundo tarde o temprano arribarán a acuerdos bi o
multilaterales? Hay dos cuestiones para considerar: la primera es la
complejidad misma para medir y trazar la plataforma, habida cuenta que dentro de un año vence el plazo para que los
estados parte de la Convención presenten sus respectivas cartas, preanunciándose
batallas diplomáticas tediosas y tensionantes; por otro lado sobrevuela sobre la
actual experiencia ártica, la idea de que los espacios polares en general sean
explotados por estados “responsables” y con condiciones para hacerlo, al
contrario de lo que algunas potencias deseaban para la Antártida, esto es
declararla patrimonio común de la
humanidad.
La plataforma
continental argentina
La nuestra es una de las más
extensas y ricas que la naturaleza concedió a algún país; sin contar la
península antártica representan alrededor de 1.000.000 de km2 incorporados al
patrimonio nacional. Por tanto, para Argentina es una cuestión vital, ya que
involucra el lecho y subsuelo marítimos prolongación natural del continente y
la plataforma de las islas del Atlántico Sur y de la Península Antártica. Aparte de la regla del art. 76, la CONVEMAR fijó criterios
para determinar su anchura en los casos en que la plataforma geomorfológica
exceda las 200 millas, estableciendo la posibilidad de que los estados la
extiendan hasta las 350 millas o 100 millas después de la isóbata de 2.500 m,
excluyendo a las crestas oceánicas.
El Anexo II de la CONVEMAR, a su
vez, previó la creación de una Comisión de Límites de la Plataforma Continental, compuesta por veintiún expertos en geología,
geofísica o hidrografía, elegidos por los estados parte. Su función básica es
examinar los datos suministrados por los ribereños, asesorarlos y darles
recomendaciones en el marco de lo previsto en la Parte VI de la Convención. Esta
Comisión fijó “Directrices Científicas y Técnicas” el 13 de mayo de 1999, fecha
a partir de la cual corre el plazo de 10 años para las presentaciones. Argentina
aprobó la Convención por ley 24.543 en septiembre de 1995 y la ratificó en
diciembre de ese año; previamente había sancionado la ley 23.968 en agosto de
1991, fijando las líneas de base con los parámetros que se discutían en la III
Conferencia de la ONU sobre Derecho del Mar. En virtud de ambas leyes, el
Congreso Nacional sancionó la ley nº 24.815 del 14 de agosto de 1991, creando
la Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), bajo
dependencia directa de la Cancillería. Va de suyo que los trabajos de campo son
de una complejidad monumental y por eso costosos (el PNUD aportará finalmente
los $ 18 millones necesarios); no solo se “mide” la plataforma sino también el
talud y la emersión continental.
Las distintas vicisitudes de la
política criolla, varios de cuyos efectos todavía perduran, precipitaron de
nuevo la sentencia condenatoria de Mafalda: siempre anteponemos lo urgente a lo
importante. Ahora se sabe que estuvimos perdiendo tiempo innecesariamente y
deberemos afrontar nuestra falta de previsión. El cachetazo vino, para variar,
de Gran Bretaña, cuando en septiembre del año pasado anunció urbi et orbi que había concluido los
estudios para delimitar la plataforma continental de las Islas Malvinas y las Georgias.
Suena descabellado que el Reino Unido pretenda trazar desde ellas un círculo
con radio de 350 millas marinas, pues así el linde llegaría hasta la propia Isla
de los Estados. Dueña de la situación, la cancillería británica viene pidiendo
a la nuestra discutir la delimitación en la región occidental de las islas, ya
que hacia oriente fijará nomás las 350. Pero, ¿cómo vamos a negociar lo que es
nuestro? Lo real y concreto es que como Gran Bretaña no tiene cabida en el Ártico,
no se va a perder esta oportunidad en la Antártida y sus aledaños. El diario The Guardian comentaba en esos días que
expertos del gobierno cubicaron 60 millones de barriles en esa plataforma
oceánica.
Para ganar el tiempo perdido, a
mediados de marzo pasado se conoció que el buque oceanográfico “Puerto Deseado”
de la Marina, operado por el Servicio de Hidrografía Naval, será el encargado
de explorar durante dos meses el vasto sector que va de Malvinas a Georgias.
Este barco ha sido equipado con un sistema batímetro monohaz para aguas
profundas capaz de explorar profundidades hasta 5.000 metros, y un sistema de
procesamiento Hypack, que en un par
de meses más debiera tener los resultados.
Lo interesante -y a la vez
complicado- es que por primera vez desde el incidente del rompehielos “Irízar”,
un buque argentino navegará por la zona de exclusión en el área de disputa. Algunos
técnicos entienden que las condiciones climáticas y el plazo disponible, impedirán
un relevamiento completo y exhaustivo. Cuanto más permitirá elaborar una carta
sin las precisiones que el tema merece. Imaginará el lector que con los
gigantescos yacimientos offshore
descubiertos por Brasil, la relación con Gran Bretaña pasará por momentos muy ríspidos.
Por lo pronto, Argentina no respondió
hasta la fecha al pedido de audiencia británico y es difícil que lo haga. En la
misma época en que el gobierno de Londres hizo aquel anuncio, el canciller
Taiana había declarado que nuestro país estaba realizando su trabajo en tiempo
y forma, cosa que genera dudas hasta ahora; y si encima computamos que el RU ya
ha extendido autorizaciones para exploración a cuatro empresas, la política del
hecho consumado nos juega en contra.
¡Cuántas lecciones para sacar! Ahora
se trabajará a revienta caballo -de mar- y roguemos que otra vez nos saque del
apuro el indisciplinado genio argentino, ese del alambre mágico, atado a la contumacia por el corto plazo. Por eso
repetimos acá nuestra frase predilecta, acuñada en largos años de observación: no se defiende lo que no se ama y no se ama
lo que no se conoce.
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