Revista Claves nº 172 – agosto 2008
El 15 de agosto Fernando Lugo (San
Solano, 1951) asumió la presidencia del Paraguay. Su triunfo en las elecciones
del pasado 20 de abril al frente de un conglomerado de fuerzas políticas
heterogéneas, puso fin a 61 años de omnipresencia del Partido Colorado.
Acompañado por casi todos los presidentes de la región, el nuevo ciclo político
recibió un apoyo explícito para derribar los factores del atraso en esa suerte
de isla verde mediterránea. Paraguay ha comenzado así una etapa esperanzadora
pero compleja.
La
democracia en latinoamericana reconoce -a trazos gruesos- dos grandes
“variantes” durante los largos años de la Guerra Fría: a) la alternancia de un partido militar con un partido civil; b) la preponderancia de
partidos institucionales, autogenerándose
y sucediéndose sin rubores. Luego del estallido de la URSS, la onda expansiva
de ese fenomenal suceso aflojó el control del alineamiento estratégico,
permitiendo a cada país recuperar el estado de derecho en procesos más o menos
limpios y más o menos cruentos.
El último bastión de esa esclerótica variante partidocrática es la República
del Paraguay, en la cual Lugo, obispo católico reducido al estado laical, ganó
las históricas elecciones liderando la Alianza
Patriótica para el Cambio (APC), constituida en septiembre de 2007 por el
Partido Revolucionario Febrerista (PRF), el Partido Liberal Radical Auténtico
(PLRA, segunda fuerza electoral, cuyo presidente es el actual vicepresidente
Fernando Franco), el Movimiento Popular Colorado (MOPOCO) y el Partido
Demócrata Cristiano, sus principales columnas, y una treintena de fuerzas
menores de tendencias distintas, incluido el comunismo.
La historia paraguaya del último cuarto de siglo reconoce hitos que han
marcado un derrotero hasta la llegada de la APC al gobierno. En primer lugar
cabría mencionar al golpe palaciego encabezado por el general Andrés Rodríguez,
su consuegro, que puso fin a la opresora gestión de Alfredo Stroessner
(Encarnación, 1912 – Brasilia, 2006). Rodríguez
negoció su salida a Brasil, donde el dictador vivió asilado hasta su muerte, y acto
seguido convocó a elecciones generales para mayo de 1989, en las que ganó el
candidato colorado -Juan Carlos Wasmosy- con el 40 % de los votos contra el 33
% de Domingo Laíno del PLRA, reconfirmando su condición de segunda fuerza
electoral.
Stroessner había aparecido en la escena política participando en la Revolución
de los pynandí (“pies descalzos”), una revuelta civil alentada por la ANR-PC,
que en 1947 puso fin a los gobiernos liberales y conservadores, instalándose
como principal referente popular. Él se había afiliado en 1951 y siendo
comandante en jefe del ejército fue electo presidente por primera vez en 1954. De
allí en más lo reeligieron ocho veces, mediante elecciones siempre sospechadas
de fraudulentas; la última fue en 1988 con el 89 % de los votos. Sin embargo,
para ese año la oposición había encontrado canales de expresión a través de instituciones
sociales como el Movimiento Intersindical de Trabajadores, la Coordinadora
Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, la Asamblea Permanente de Campesinos
Sin Tierra y la propia Iglesia Católica.
En sus treinta y cinco años de dictadura, el Paraguay stroessnerista
conoció momentos de sostenida expansión económica (1976-1981, sobre todo) y
tiempos de complicación política a causa de la paulatina descomposición del régimen y el aumento de la
violencia (como la emboscada que en septiembre de 1980 terminó con Anastasio
Somoza Debayle “Tachito”, refugiado en Asunción luego de la revolución
sandinista). Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos durante el
régimen salieron a la luz en 1992, cuando se descubrieron casi por casualidad
los “Archivos del Terror”, desnudando la amplitud de la Operación Cóndor. Ese
mismo año la invulnerabilidad de la ANR-PC había sufrido otro golpe a causa del
triunfo de Carlos Filizzola, joven ganador de la intendencia de la ciudad
capital con el movimiento independiente Asunción para Todos.
El otro hito, que marcaría el principio del fin de la ANR-PC, fue la Masacre
de Marzo Paraguayo, que tuvo como protagonista al funambulesco general Lino
Oviedo, promotor o partícipe de varias asonadas.
También miembro del Partido Colorado, fue inhabilitado por la Corte Suprema de
Justicia como candidato presidencial para las elecciones de 1998, por
considerarlo promotor de un intento golpista dos años antes. Su candidato a la
vicepresidencia, Raúl Cubas Grau, finalmente resultó electo llevando de
compañero de fórmula a Luis María Argaña. En marzo de 1999, Argaña murió
asesinado en una emboscada, originando una revuelta popular en la que murieron
numerosos civiles. Oviedo fue sindicado autor ideológico del crimen, obligando
a Cubas Grau a renunciar a la presidencia. Huyó de Paraguay para refugiarse en
Argentina durante la presidencia de Carlos Menem, de donde fue expulsado a
Brasil. En octubre de 2007 la Corte lo absolvió de los cargos de sublevación e
intento de golpe de estado de abril de 1996; y en marzo de este año fue
sobreseído en la causa de la Masacre. A todo esto sus seguidores le habían
instado abandonar la ANR-PC para constituir un nuevo partido, la Unión Nacional
de Ciudadanos Éticos (UNACE), dispuesto -se dice a media voz- a apoyar a la
APC.
¡Vaya destino el paraguayo! Si necesita un apoyo elemental ese será el de
los socios del Mercosur, precisamente los tres países que un siglo y medio
atrás lo condenaron a ser una isla en el corazón sudamericano. Pero así como el
acuerdo de integración puede ser una oportunidad, hay -y con razón- un
componente negativo para superar en la conciencia histórica de los paraguayos,
manifestada en el recelo sino rechazo de lo que sectores dirigenciales califican
de “sub-imperialismo” argentino-brasileño, manipulador de su destino nacional,
vigente desde la derrota en la Guerra de la Triple Alianza. La reivindicación
que Lugo hizo en su discurso inaugural de Gaspar Francia y Francisco Solano
López, no deja duda de la inmanencia de ese sentimiento nacional generalizado.
En ocasión del Foro Social Mundial de Porto Alegre 2005, Mercedes Canese, asesora
de varias organizaciones sociales, consideraba ridícula la deuda externa
paraguaya de u$ 2.400 millones reconocida a inicios de ese año, frente a los u$
14.000 que se deben a los entes mixtos de Yaciretá e Itaipú, pese a que el
gobierno paraguayo es propietario del 50 % de ambos emprendimientos
hidroeléctricos binacionales. Para esa opinión los ingentes recursos provenientes
de la venta de la electricidad allí generada, han servido para sostener largos
años de clientelismo político y un capitalismo prebendario para los amigos que
sumió finalmente al país en una obscena corrupción estructural. Esta situación
se refleja en números: el puesto 44 entre 179 países en el ranking de
corrupción mundial y nº 3 en América Latina; 33 de cada 100 paraguayos están
sumidos en la pobreza; en 2007 emigraron del país 60.000 personas, de las
cuales el 40 % son jóvenes entre 15 y 29 años (diáspora que con seguridad Lugo
deberá revertir más temprano que tarde); en el censo del 2003 había 6.036.000
habitantes, de los cuales casi el 20 % se encuentra en pobreza extrema.
La experiencia histórica demuestra cuán difícil es
mantener coaliciones entre expresiones políticas heterogéneas, si no se
participa de líneas de acción coherentes y un grupo cohesionado dispuesto a
llevarlas a cabo. Después del triunfo electoral, cuando hay que empezar a
gobernar, salen a luz las contradicciones internas que a veces no se resuelven
y derivan en la pérdida de la confianza popular, que la APC a inicios de su
gestión mantiene muy alta. Como si eso fuera poco, el Congreso paraguayo está
aún dominado por la ANR-PC. Pocos se animarían a apostar, por caso, a la
absoluta adhesión a la Alianza gobernante por parte de los importantes bloques
que el PLRA cuenta en ambas cámaras del Congreso Nacional. Por lo demás,
algunos nombres del gabinete de Lugo han ocasionado escozor por sus
procedencias, en especial en los partidos chicos de izquierda que integraron la
alianza; varios son del PLRA (Justicia y Trabajo, Agricultura, Obras Públicas,
Itaipú) y hay algunos rescatados de los equipos del saliente presidente Nicanor
Duarte Frutos (Educación y Comunicaciones). En Relaciones Exteriores hubo un
frente de tormenta cuando Milda Rivarola renunció al ofrecimiento, siendo
sustituida por Alejandro Hamed, embajador paraguayo en Líbano.
Lugo tiene varios conflictos en la puerta misma del Palacio de López, zafado
ya de la incógnita de su “alineamiento”: ¿sería chavista, lulista,
evista? Frenó a todos los rotuladores ansiosos optando por el “modelo” Tabaré
Vázquez antes que el de algún otro de sus incómodos vecinos. Aparte de las
penurias de una economía sojizada hace
una década, deberá afrontar cuestiones puntuales que exigen inmediata atención.
Una prueba de fuego serán sus medidas para controlar la hace rato incontrolable
Ciudad del Este, uno de los vértices de la Triple Frontera, foco de tensión
constante y hasta ahora irresoluble. Allí se licua dinero de origen espurio, se
mercan drogas y armas a destajo, se contrabandea a vista y paciencia de
autoridades cómplices. Para la Casa Blanca representa el mayor interés, pues
considera a ese triángulo un aguantadero de terroristas internacionales. De
hecho, para algunos analistas del Departamento de Estado lo que suceda en la
región tripartita debiera preocuparles antes a Argentina y a Brasil que a los
Estados Unidos.
Seguramente tendrá en análisis una posible reforma
constitucional, para adecuar la carta magna a la nueva etapa iniciada y en lo
que convenga. Por ahora no hay nada oficial al respecto, pero la historia
constitucional paraguaya es reflejo de sus avatares políticos intrincados,
complejos y lacerantes. La revolución de febrero de 1936 (que originó al Partido
Revolucionario Febrerista) concluyó el ciclo liberal decimonónico, plasmado en
las primeras constituciones. La revolución febrerista precipitó la reforma de
1940 en medio de una severa crisis institucional. Aunque tenía la impronta del
constitucionalismo social europeo, fue impuesta por el Mariscal José F. Estigarribia
obviando convocar a una convención constituyente. En agosto de 1967 Stroessner decidió
cambiarla mediante una convención, cuyo objetivo central era habilitarle la
reelección. Por supuesto, la ANR-PC ganó de punta a punta y siguió controlando el
poder formal y el real. Diez años después se introdujo un cambio al solo fin de
concederle a Stroessner una reelección indefinida y sin obstáculos. Concluido su
ciclo, se imponía reformar el texto constitucional, lo que sucedió en junio de
1992. La nueva constitución se alineó con las reformas de las constituciones
latinoamericanas durante los años ’80 luego de los ciclos militares, incorporando
normas sobre derechos humanos, procesos de integración regional y prohibiendo
la reelección presidencial (el presidente y vice “No podrán ser reelectos en
ningún caso”, art. 229).
Tal vez Lugo haya generado demasiadas expectativas en
relación a la magnitud de los cambios que llegue a concretar. Está claro que su
prioridad será reducir la pobreza, reflejo de la enorme desigualdad social. La
cuestión del uso de la tierra y una reforma agraria están en el tope de su
agenda (los grupos sin tierra han empezado a notificarle sus premuras,
mereciendo una dura respuesta del novel presidente aún antes de asumir). Al fin
y al cabo es de origen humilde y fue obispo de San Pedro, una de las regiones
paupérrimas del país y origen de su compromiso social y político. No es ningún
secreto su adhesión a la Teología de la Liberación (Leonardo Boff estuvo
satisfecho en su asunción y le prometió su colaboración); pero con ella no podrá
gobernar puesto que no se trata de un programa político sino de una definición
ideológica especial; más bien su referencia programática será en última
instancia la propia Doctrina Social católica.
En este contexto de trazo grueso se inserta el proceso actual paraguayo. De
acá en más tendrá que sumar a su fe, su capacidad política para ser piloto de
tormentas.
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