24 de octubre de 2013

A propósito del Consejo Económico y Social: Consejo, participación, representación



Revista Claves nº 224 – octubre de 2013
 
Volvemos sobre el tema. El Director de Claves y el autor de esta nota hemos considerado la necesidad de introducir en esta columna temas que propicien el debate de ideas, sobre todo si se trata de pensar un proyecto de Provincia para el largo plazo.

Contados con los dedos de una mano…

En la nota anterior propuse al CEyS como una herramienta para la geoestrategia (Claves nº 223 – septiembre 2013). ¿Sobredimensioné su importancia ahora que toca el turno de su inminente puesta en marcha? Tal vez una respuesta se encuentre en la morosidad que tuvo la sanción de su ley de creación. Paso a aclarar.

En 27 años –lapso de más de una generación- se sucedieron en Salta gobiernos del PJ –ampliamente- y un período del PRS. Salvo el único mandato renovador, en los turnos del justicialismo hubo algún proyecto oficial que nunca logró dictamen de comisión, es decir ni siquiera se trató. Las gestiones de Hernán Cornejo, Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey propusieron cada una el suyo con distinto nivel de representatividad y funcionamiento, hasta que el actual gobernador logró la aprobación del finalmente vigente por ley nº 7784, promulgada por decreto nº 2786.

Por lo que recordamos e indagamos también hubieron iniciativas, en orden cronológico, de los diputados Santos J. Dávalos, José María Farizano[1] y Eduardo Paesani, con propuestas más abiertas que las oficialistas pero igual destino de cajón.

Está claro que la idea daba vuelta en la cabeza de unos pocos legisladores –oficialistas u opositores- y funcionarios del Ejecutivo, que nunca lograron convencer y sumar al resto de sus pares ni instalar debate en sus propios partidos, al menos.

¿Cuál fue entonces la razón de esa mayoritaria oposición/indiferencia al Consejo? ¿Ideología, pragmatismo, miopía política? Con el riesgo propio de las simplificaciones, la inmadurez dirigencial se expresó en aquellos años en dos posiciones reveladoras de una mezquina concepción política, carente por ende de visión estratégica. Así, el PJ justificaba su negativa con esta consigna: “el poder no se comparte”[2]; por el lado Renovador, “el Estado no planifica”.

Tal vez se encuentren otras explicaciones válidas, pero las expuestas fueron las definitorias.

Sobre la participación ciudadana

Posiblemente no había aún una “plenitud de tiempos”, lo cual de hecho se vincula con el nivel de madurez cívica de los salteños; dicho de otro modo, a la lamentable y acreditada incapacidad argentina de apuntar al largo plazo.

No es casual que la sanción de la ley 7784 haya ocurrido después de la presentación del “Plan de Desarrollo Estratégico – Salta 2030” (tempus fugit: ya faltan 17 para esa fecha), producto de un debate promovido por la Fundación Salta, en el cual participó la sociedad civil organizada, ofreciendo propuestas para el mediano y largo plazos, jamás antes ofrecidas por los partidos políticos y sus principales referentes.

Este es un dato que no puede pasar desapercibido; es importante dejarlo claro, analizar y debatir para no crearnos falsas expectativas y desperdiciar una oportunidad única de crecer como sociedad en conjunto. No querríamos que al CEyS le suceda lo del Consejo de la Magistratura (CM), introducido por la reforma constitucional de 1998, que puede servir de referencia para lo que trato de expresar en este trabajo. Ambos órganos constitucionales expresan modos de la democracia participativa[3], habitual en países de mayor conciencia cívica a los cuales les resultaba demasiado estrecha la mera forma representativa, dadas las crecientes complejidades políticas, económicas y sociales potenciadas durante el siglo XX.

El CM es de relevante importancia institucional y quienes pasamos por él lo certificamos. No obstante, conspira contra su pleno funcionamiento el desinterés o la desinformación del público en general y a veces de los propios interesados. Aunque sea un ámbito en el que se expresan los sectores vinculados a uno de los poderes del Estado, llegará el momento de incorporar a los ciudadanos de a pie en el proceso seleccionador y así escapar del “fantasma” corporativo. Pero, ¿cómo acelerar los tiempos?

Para que instituciones de semejante nivel arraiguen, es imprescindible “instalarlas” en la sociedad, que ésta las conozca, las haga propias y advierta su conveniencia como si fuese un reaseguro generacional. Estos dos Consejos carecerán de eficacia si el común de las personas no los conoce, entiende y apoya. Se trata de instituciones jurídicamente perfectibles, ocupadas por seres humanos igualmente perfectibles, pero que deben funcionar sin otro condicionamiento que el legal.
Madurez cívica es una exigencia para todos, requiere docencia y a temprana edad. Cada ciudadano podrá involucrarse controlando a un Estado que debe proponer las acciones necesarias para que ese arraigo fructifique.

Los puncta dolens del CEyS
El nivel de participación ciudadana es un indicador de la calidad de la representación política: los pueblos no tienen tanto el gobierno que se merecen sino el que los refleja. Un pueblo apático e indiferente termina haciendo caldo gordo al aventurerismo político. Las dirigencias emergen del cuerpo social que las nutren, son parte de él con su carga de virtudes y defectos. Por ende, no se esperen santos ni superhéroes en una ciudadanía chata, apática, sin aspiraciones o logrera. Y esto va mucho más allá de que el voto sea electrónico o en boletas de papel.

Para sacar el mayor provecho al CEyS, es decisivo mejorar la calidad de la representación política en nuestra provincia y el modo de elegirla, lo cual no pasa obviamente por los títulos de grado obtenidos por cada candidato[4].

Es inconveniente que las Cámaras y Concejos Deliberantes sean cotos cerrados y monocromos. No auguro eficacia al CEyS en tal supuesto: una Legislatura con abrumadora mayoría de un solo partido necesariamente tenderá a ver al Consejo como un competidor, y lo doblegará con solo ignorar las iniciativas que éste proponga cuando se lo consulte. Tampoco se trata de menoscabar la “voluntad popular” libremente expresada, si hay quienes el mismo día de las elecciones salen a comprarla.

El art. 77 de la Constitución provincial es claro y taxativo  al establecer que el CEyS es órgano de consulta de los tres poderes del Estado. Aunque sea reiterativo, subrayamos que no se trata de un poder más o siquiera un extra poder. Lo peor que puede pasar es que, por preconceptos, los poderes públicos no lo aprovechen del modo más conveniente posible.

Si la Legislatura provincial rumió su recelo durante más de dos décadas y media por la prevención de que el Consejo menoscabaría su poder o por la indiferencia del Estado mismo. Lo peor que puede suceder es que en vez de aprovechar lo que puede brindar, se confronte con el CEyS o -peor- se lo ningunee, pese a que la Constitución es prístina cuando señala la obligatoriedad de la consulta previa. ¿Están hoy los poderes públicos con la predisposición necesaria para hacerlo funcionar plenamente? 

Días más, días menos, pronto se sabrá.

He aquí, pues, los puncta dolens del sistema.



[1] El ex diputado radical lo tiene bien presente: presentó su proyecto en 1993, 1995, 1997 y 1999. Cada vez que perdía estado parlamentario lo reflotaba con apoyo renovador si gobernaba el peronismo… y viceversa. Pero nunca hubo predisposición hacia su tratamiento por parte de los bloques mayoritarios.
[2] Respecto a no compartir poder, recuerdo la desazón de Gaspar Solá Figueroa, siendo Secretario General de la Gobernación de Cornejo, cuando sus legisladores le “bocharon” el proyecto. Lo corroboró años después el ex gobernador JC Romero, en una ronda de debates propiciada por la Fundación COPAIPA; lo aludió el propio gobernador Urtubey al final de su discurso el día del acto público de promulgación. Desconocemos cómo habrán sido las negociaciones de los respectivos ejecutivos con legisladores propios y ajenos, si las hubo. Esa pérdida de tiempo queda ya para el juicio histórico.
[3] Las Constituciones Nacional y de Salta han introducido en sus últimas reformas diversos modos de promover la participación directa de la sociedad real, que tampoco han funcionado –ni se ha impulsado su funcionamiento- cada vez que las necesidades lo requerían. Ejemplos sobran.
[4] Las últimas PASO provinciales han demostrado una grave fragilidad: el conjunto social no puede ser rehén de los problemas de un partido por más importante que sea.

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