Revista Claves nº 224 – octubre de
2013
Volvemos
sobre el tema. El Director de Claves y el autor de esta nota hemos considerado la
necesidad de introducir en esta columna temas que propicien el debate de ideas,
sobre todo si se trata de pensar un proyecto de Provincia para el largo plazo.
Contados
con los dedos de una mano…
En la nota anterior propuse al CEyS
como una herramienta para la geoestrategia (Claves
nº 223 – septiembre 2013). ¿Sobredimensioné su importancia ahora que toca el
turno de su inminente puesta en marcha? Tal vez una respuesta se encuentre en la
morosidad que tuvo la sanción de su ley de creación. Paso a aclarar.
Por lo que recordamos e indagamos
también hubieron iniciativas, en orden cronológico, de los diputados Santos J.
Dávalos, José María Farizano[1]
y Eduardo Paesani, con propuestas más abiertas que las oficialistas pero igual
destino de cajón.
Está claro que la idea daba vuelta
en la cabeza de unos pocos legisladores –oficialistas u opositores- y
funcionarios del Ejecutivo, que nunca lograron convencer y sumar al resto de
sus pares ni instalar debate en sus propios partidos, al menos.
¿Cuál fue entonces la razón de esa
mayoritaria oposición/indiferencia al Consejo? ¿Ideología, pragmatismo, miopía
política? Con el riesgo propio de las simplificaciones, la inmadurez
dirigencial se expresó en aquellos años en dos posiciones reveladoras de una
mezquina concepción política, carente por ende de visión estratégica. Así, el
PJ justificaba su negativa con esta consigna: “el poder no se comparte”[2];
por el lado Renovador, “el Estado no planifica”.
Tal vez se encuentren otras
explicaciones válidas, pero las expuestas fueron las definitorias.
Sobre
la participación ciudadana
Posiblemente no había aún una “plenitud
de tiempos”, lo cual de hecho se vincula con el nivel de madurez cívica de los
salteños; dicho de otro modo, a la lamentable y acreditada incapacidad argentina
de apuntar al largo plazo.
No es casual que la sanción de la
ley 7784 haya ocurrido después de la presentación del “Plan de Desarrollo
Estratégico – Salta 2030” (tempus fugit:
ya faltan 17 para esa fecha), producto de un debate promovido por la Fundación
Salta, en el cual participó la sociedad civil organizada, ofreciendo propuestas
para el mediano y largo plazos, jamás antes ofrecidas por los partidos
políticos y sus principales referentes.
Este es un dato que no puede pasar
desapercibido; es importante dejarlo claro, analizar y debatir para no crearnos
falsas expectativas y desperdiciar una oportunidad única de crecer como
sociedad en conjunto. No querríamos que al CEyS le suceda lo del Consejo de la
Magistratura (CM), introducido por la reforma constitucional de 1998, que puede
servir de referencia para lo que trato de expresar en este trabajo. Ambos
órganos constitucionales expresan modos de la democracia participativa[3],
habitual en países de mayor conciencia cívica a los cuales les resultaba demasiado
estrecha la mera forma representativa, dadas las crecientes complejidades
políticas, económicas y sociales potenciadas durante el siglo XX.
El CM es de relevante importancia
institucional y quienes pasamos por él lo certificamos. No obstante, conspira
contra su pleno funcionamiento el desinterés o la desinformación del público en
general y a veces de los propios interesados. Aunque sea un ámbito en el que se
expresan los sectores vinculados a uno de los poderes del Estado, llegará el
momento de incorporar a los ciudadanos de a pie en el proceso seleccionador y
así escapar del “fantasma” corporativo. Pero, ¿cómo acelerar los tiempos?
Para que instituciones de semejante
nivel arraiguen, es imprescindible “instalarlas” en la sociedad, que ésta las
conozca, las haga propias y advierta su conveniencia como si fuese un reaseguro
generacional. Estos dos Consejos carecerán de eficacia si el común de las
personas no los conoce, entiende y apoya. Se trata de instituciones
jurídicamente perfectibles, ocupadas por seres humanos igualmente perfectibles,
pero que deben funcionar sin otro condicionamiento que el legal.
Madurez cívica es una exigencia
para todos, requiere docencia y a temprana edad. Cada ciudadano podrá involucrarse
controlando a un Estado que debe proponer las acciones necesarias para que ese
arraigo fructifique.
Los
puncta dolens del CEyS
El nivel de participación ciudadana
es un indicador de la calidad de la representación política: los pueblos no
tienen tanto el gobierno que se merecen sino el que los refleja. Un pueblo
apático e indiferente termina haciendo caldo gordo al aventurerismo político.
Las dirigencias emergen del cuerpo social que las nutren, son parte de él con
su carga de virtudes y defectos. Por ende, no se esperen santos ni superhéroes en
una ciudadanía chata, apática, sin aspiraciones o logrera. Y esto va mucho más
allá de que el voto sea electrónico o en boletas de papel.
Para sacar el mayor provecho al
CEyS, es decisivo mejorar la calidad de la representación política en nuestra provincia
y el modo de elegirla, lo cual no pasa obviamente por los títulos de grado
obtenidos por cada candidato[4].
Es inconveniente que las Cámaras y
Concejos Deliberantes sean cotos cerrados y monocromos. No auguro eficacia al
CEyS en tal supuesto: una Legislatura con abrumadora mayoría de un solo partido
necesariamente tenderá a ver al Consejo como un competidor, y lo doblegará con
solo ignorar las iniciativas que éste proponga cuando se lo consulte. Tampoco
se trata de menoscabar la “voluntad popular” libremente expresada, si hay
quienes el mismo día de las elecciones salen a comprarla.
El art. 77 de la Constitución
provincial es claro y taxativo al
establecer que el CEyS es órgano de
consulta de los tres poderes del Estado. Aunque sea reiterativo, subrayamos
que no se trata de un poder más o siquiera un extra poder. Lo peor que puede
pasar es que, por preconceptos, los poderes públicos no lo aprovechen del modo
más conveniente posible.
Si la Legislatura provincial rumió
su recelo durante más de dos décadas y media por la prevención de que el
Consejo menoscabaría su poder o por la indiferencia del Estado mismo. Lo peor
que puede suceder es que en vez de aprovechar lo que puede brindar, se
confronte con el CEyS o -peor- se lo ningunee, pese a que la Constitución es
prístina cuando señala la obligatoriedad de la consulta previa. ¿Están hoy los
poderes públicos con la predisposición necesaria para hacerlo funcionar
plenamente?
Días más, días menos, pronto se sabrá.
He aquí, pues, los puncta dolens del sistema.
[1] El ex diputado radical
lo tiene bien presente: presentó su proyecto en 1993, 1995, 1997 y 1999. Cada vez
que perdía estado parlamentario lo reflotaba con apoyo renovador si gobernaba
el peronismo… y viceversa. Pero nunca hubo predisposición hacia su tratamiento
por parte de los bloques mayoritarios.
[2] Respecto a no compartir poder, recuerdo la desazón
de Gaspar Solá Figueroa, siendo Secretario General de la Gobernación de
Cornejo, cuando sus legisladores le “bocharon” el proyecto. Lo corroboró años
después el ex gobernador JC Romero, en una ronda de debates propiciada por la
Fundación COPAIPA; lo aludió el propio gobernador Urtubey al final de su
discurso el día del acto público de promulgación. Desconocemos cómo habrán sido
las negociaciones de los respectivos ejecutivos con legisladores propios y
ajenos, si las hubo. Esa pérdida de tiempo queda ya para el juicio histórico.
[3] Las Constituciones
Nacional y de Salta han introducido en sus últimas reformas diversos modos de
promover la participación directa de la sociedad real, que tampoco han
funcionado –ni se ha impulsado su funcionamiento- cada vez que las necesidades
lo requerían. Ejemplos sobran.
[4] Las
últimas PASO provinciales han demostrado una grave fragilidad: el conjunto
social no puede ser rehén de los problemas de un partido por más importante que
sea.
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