Claves
nº 225 - noviembre 2013
“La Argentina está corriendo el riesgo
de pasar a una situación de difícil retorno. Si la dirigencia política y social
no toma medidas urgentes costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas
mafias que han ido ganando cada vez más espacio. […] no es cierto que ‘nada se puede hacer’”
(El drama de la droga y el narcotráfico, nº 6, Conferencia Episcopal Argentina,
08/11/ 2013).
La contundente frase del epígrafe
fue una bofetada a más de un sector. ¿Tuvimos que llegar al actual extremo para
“visibilizar” el gravísimo problema del narcotráfico, la drogadependencia y sus
devastadoras secuelas? ¿Qué (nos) está pasando? ¿Estamos perdidos? Dos décadas
perdidas confirman esta hipótesis de trabajo: tanta torpeza e inoperancia es
indicio de complicidad.
En
un lúcido análisis (“Cuáles son los
pilares del narcotráfico”, Clarín 13/11/13), el historiador Jorge Ossona desnudó
el “vínculo claro entre el narco y la nueva política territorial” en los
conurbanos. La delegación de funciones por el Estado clientelista en los punteros
barriales aparejó nuevas formas de
expoliación de la pobreza a causa de esa ausencia estatal, consciente o
inconsciente. Esto ocurre hoy en las grandes ciudades argentinas y marca
tendencia y, en los bordes, los pasos fronterizos son tierra de nadie.
Luego
del documento emitido por la 106ª Asamblea Plenaria del Episcopado y del
“megáfono” Lanata con su PPT del domingo 10 de noviembre, el mandoble de la
Corte Suprema de la Nación un día después exigiendo a los Ministerios de
Justicia, de Seguridad y al Consejo de la Magistratura nacionales “[…] que
arbitren de modo urgente medidas por la grave problemática que denuncian jueces
federales vinculada al tráfico de estupefacientes”. La seguidilla de
expresiones públicas tuvo el previsible efecto cascada convirtiéndolo en tema excluyente
de todos los medios, durante una semana al menos. Y como siempre hubo análisis
y opiniones serias y comprometidas, mezcladas con negaciones, ninguneos, contradicciones y
rectificaciones de quienes deben dar explicaciones sensatas y actuar en
consecuencia.
Por
caso, el jefe de la AFIP, viéndosela venir, anunció que en 2014 las aduanas de
toda la frontera norte contarán con veinticuatro escáneres para contenedores.
¿Recién ahora; serán suficientes; a quién se comprará; por cuánto? A su vez el
Secretario Berni, retrucando al Episcopado, ponderó la eficiente (bastante, dijo) seguridad en nuestras
fronteras y que “La lucha convencional contra el narcotráfico ha fracasado en
todo el mundo […] estamos trabajando en la lucha de fondo”; asimismo planteó la
necesidad de estudiar la despenalización de la marihuana a la uruguaya, pese a
que más del 60% de la población sigue oponiéndose a otra ley insignia de la
agenda “progresista” (comillas, como nunca). ¿Lucha convencional, lucha de
fondo? Esas definiciones son para temblar en un país carente de una política de
seguridad nacional acorde a los tiempos, debido al desmantelamiento de sus
Fuerzas Armadas y de seguridad, que ahora pagamos caro.
Pronunciamientos
del Episcopado
La
Iglesia Católica, abrumada por las evidencias, decidió constituir en 2007 la
Comisión Nacional de Drogadependencia -CND- dentro de la Comisión Episcopal de
Pastoral Social, con el objetivo de trabajar en prevención y asistencia de
jóvenes consumidores en especial.
El
26 de junio de 2009, coincidiendo con el “Día Internacional de la lucha contra
el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas” establecido en 1987 por la ONU,
la CND presentó dos documentos: “La droga, sinónimo de muerte” (con recurrente
remisión al Documento de Aparecida) y el “Programa Nacional de Acción Pastoral
sobre Drogadependencia”; el primero fundaba los presupuestos teológicos y
pastorales, el segundo propuso un plan de acción completo y practicable para implementar
en su ámbito de acción.
Un
año después, Mons. Jorge Lozano –presidente de la CND- elevó un informe al 100º
Plenario de noviembre de 2010, en el cual se advertía sobre el aumento del
consumo y el inicio a edad cada vez más temprana según encuestas realizadas en
distintas parroquias argentinas. También denunció la insuficiencia de programas
oficiales de atención de adictos, apuntando al centro mismo del problema, “[…]
que está en el hombre ante una sociedad de pseudo-valores y falsos modelos”. En
esa ocasión se presentó el Manual “Iglesia, droga y toxicomanía” junto a un
Programa Nacional para Establecimientos Educativos.
El
último pronunciamiento episcopal, respecto de los anteriores, asume que el
fenómeno está fuera de control (¡el atentado al Gobernador Bonfatti!). En esta ocasión
la Conferencia Episcopal apuntó directo a toda dirigencia, considerando que la
“situación de desborde” es fruto de la complicidad y corrupción de algunos
dirigentes, de miembros de las fuerzas de seguridad, funcionarios de la
justicia y políticos que colaboran con grupos
mafiosos (sic). El nº 7 reclama amplios consensos para generar políticas de
corto, mediano y largo plazos, dejando evidente la responsabilidad exclusiva e
irrenunciable del Estado, al que reprocha la desprotección de nuestras
fronteras y la parálisis de la SEDRONAR (sin Secretario desde marzo pasado). No
es ninguna novedad, entonces, la actuación del Episcopado.
Jueces del NOA
desesperados
Cabe
un justo reconocimiento a la oportuna presión de la Justicia Federal de la
región, que logró el pronunciamiento del máximo tribunal nacional, culminación
de una añeja preocupación por la falta de atención y solución a problemas de
infraestructura en Salta y Jujuy. En efecto, la angustia de los magistrados se manifestó
en 2008 y fue in crescendo hasta que
la CSJN asumió los reclamos a mediados de este mes.
Destaco
la Acordada 05/2011 de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que recoge
los informes requeridos a principios de ese año a todos los Tribunales Orales y
Juzgados Federales de Salta y Jujuy, a las fuerzas de seguridad, a las policías
provinciales y a los servicios penitenciarios federales y provinciales. Se
trata de un diagnóstico preciso pero también de una propuesta remitida a los
presidentes de la Corte y del Consejo de la Magistratura. Por su parte, la Acordada
06/2011 apuntó a la creación de un nuevo Juzgado Federal para Salta, a la
creación de un Tribunal Oral más para cada provincia, la creación de una
segunda sala para la Cámara Federal salteña y la implementación definitiva de
un Juzgado Federal en Ledesma y otro en Tartagal.
Si
bien se trata del punto de vista propio de la función jurisdiccional, esos jueces
también explicitaron falencias y descordinaciones en materia de prevención e
inteligencia por parte de fuerzas de seguridad desmanteladas por las
necesidades electorales en el conurbano bonaerense. Como si fuera poco, ¿qué
otra explicación que los enjuagues políticos en el Consejo de la Magistratura,
el Ministerio de Justicia y el Senado de la Nación para la falta de cobertura
de vacantes?
Jueces
y funcionarios federales fueron muy claros pues saben mejor que nadie lo que
soportan y han decidido encarar una salida concreta. Bien por ellos y, como se
ve, tampoco una novedad por este lado aunque hasta ahora no les lleven el
apunte.
Problema
nacional, problema internacional?
En
febrero de 2010, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas había declarado que
el tráfico de drogas y la delincuencia trasnacional organizada constituían una
amenaza a la paz y seguridad internacionales. En efecto, para combatir las
organizaciones de trata de personas, narcotráfico, tráfico de armas,
pornografía (“multinacional del delito”), hace rato verdaderos actores
internacionales, se requiere cooperación intergubernamental y un enfoque
multidimensional. El Informe Anual sobre Drogas de Naciones Unidas de abril de ese
año, reveló que solo el narcotráfico movió u$ 700.000 millones, lavados y planchados
en los circuitos financieros habituales. ¿Cuánto “derrama” y a quiénes esa
escalofriante cifra?
Los
puntos de abordaje empiezan en el cultivo ilegal, pasando por la producción,
transporte, venta y distribución de drogas según los criterios de oferta y
demanda. Y no se trata solo de estupefacientes sino también de sustancias
psicotrópicas y anfetaminas, precursores
químicos y cuanta actividad relacionada a ello, poniendo al tope –por cierto- el
lavado de dinero. Como se advierte, el circuito es amplísimo y todas las
acciones exigen coordinación, responsabilidad y sobre todo transparencia.
Desde
la Declaración Política aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en
1998[1],
recién en diciembre de 2012 y por Resolución nº 67/193 se instituyó la “Cooperación
Internacional contra el Problema Mundial de las Drogas”, largo documento de 27
considerandos y 47 puntos resolutivos requiriendo a los Estados miembros a
cooperar con medidas prácticas para enfrentar el flagelo.
Si
bien se trata de una preocupación mundial, está claro que las estrategias de
combate al narcotráfico y la drogadependencia tienen una primera dimensión que
es indiscutiblemente nacional. De tal modo, cada Estado es responsable ante sus
habitantes y la comunidad internacional por sus acciones y omisiones, y los
esfuerzos internos bien realizados y aprovechados terminan potenciando la
cooperación intergubernamental, sea a nivel regional o global.
Mucho Gobierno,
poco Estado
La
prueba más contundente de la penetración del narcotráfico es la inercia de los
poderes públicos y la indiferencia de una sociedad que mayoritariamente se siente
lejos del drama. Los sectores más vulnerables, representados por las heroicas madres
del paco, poseen más información y propuestas que los encargados de prevenir,
vigilar, controlar, perseguir y sancionar. Sin embargo, más que a mulas y dealers, hay que apuntar a los “empresarios” acopiadores,
financistas y lavadores, que son los realmente peligrosos.
Correspondiendo
-con parsimonia- a esa línea mundial, la SEDRONAR en tiempos de Rafael Bielsa,
su último titular, presentó un segundo “Plan Federal de Prevención Integral de
la Drogadependencia y de Control del Tráfico Ilícito de Drogas 2012 -2017”,
cuya estrategia propone como principios rectores los de integralidad,
responsabilidad compartida, proporcionalidad, flexibilidad y adecuación a las
realidades locales[2].
No se sabe mucho del nivel de avance, pese a que existe un Consejo Federal de
Drogas en el cual las provincias, Salta en especial, debieran estar presionando
todos los días por implementar la variedad de políticas contenidas en él.
Si
ya tenemos diagnósticos y planes varios, ¿por qué no se aplican? Vivimos
clamando políticas de estado, he aquí una ocasión para concretarlas. La
patética mediocridad de los comentarios y expresiones de la dirigencia política
y opinadores varios, se resume en frases hechas como “Está en peligro la
democracia (o la república)”. La situación es aún más grave, señores: no solo ambas,
está comprometida la Nación misma. Y por favor, ¡dejen de perder el tiempo!
[1] “Las drogas afectan a todos los
sectores de la sociedad en todos los países, […] son una grave amenaza para la
salud y el bienestar de toda la humanidad, la independencia de los Estados, la
democracia, la estabilidad de las naciones, la estructura de todas las
sociedades y la dignidad y la esperanza de millones de personas y sus
familias”.
[2] El Plan incluye además un marco
institucional y normativo, marcos orientadores para reducir oferta y demanda,
una tabla de objetivos e indicaciones y dos anexos con diagnósticos de la
situación de oferta y demanda.
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