Diario El Tribuno, 22 de julio de 2015
En agosto de
1969 el presidente Nixon encomendó a su vicepresidente, una "misión
presidencial de Estados Unidos a América Latina". A su regreso, Nelson
Rockefeller le presentó un completo dossier que no solo describía la situación,
a la vez proponía medidas de acción acordes al interés nacional de su país. El
"Informe Rockefeller" se debatió muchísimo por aquellos años en altos
niveles intelectuales y políticos, pero nunca bajó al llano.
En un apartado titulado "La división del trabajo", el informe contenía una fórmula para ubicar y cubicar nuestras economías en relación con la norteamericana en aquel contexto. Palabras más palabras menos, dice que así como la división del trabajo es la base del progreso de las naciones modernas, los mismos criterios son aplicables a nivel internacional en función de estos parámetros: 1- El más libre intercambio posible de exportaciones e importaciones promueve una adecuada división internacional del trabajo. 2- Cada país debe concentrarse en aquellos rubros que puede producir con mayor eficiencia relativa y menores costos. 3- Intercambiar esos productos por aquellos que otras naciones produzcan con mayor eficacia selectiva.
El resultado
no podía ser otro que condenar a los países productores de materias primas a
seguir siéndolo: por ejemplo, Argentina granja y Brasil taller; o, en una
escala mayor, Argentina-Brasil granja-taller de las economías norteamericana o
europea. Casi como en el siglo XIX; del verdadero desarrollo económico, ni
hablar.
Cuarenta
años después, aquella percepción "visionaria" aún sigue dominando la
matriz de economías supuestamente emergentes, pero que en realidad aún exhiben
los indicadores del subdesarrollo. Por ende, es difícil consolidar un proceso
de integración subregional sin considerar aquella orientación que impuso la
escala económica continental. Academias, organismos y bancos internacionales se
dedicaron a promover las bondades de la integración sin mayor atención de sus
aristas oscuras. El debate integración nacional versus integración regional
también se dio incompleto- en Salta hacia los años 70.
La
comprobación de que algo no funciona correctamente es la existencia del cuerno
de oro sudamericano, que comentamos recurrentemente, una franja semilunar que
arranca en Belo Horizonte, pasa por Río de Janeiro, San Pablo, Curitiba, Porto
Alegre, Montevideo, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Santiago y
Valparaíso. En ese segmento se concentra la mayor población, la mejor
infraestructura, las principales industrias, servicios y cultura. En
consecuencia, de San José de la Dormida para arriba y desde Realicó para abajo,
por citar dos referencias geográficas, estamos afuera de esa cornucopia que no
derrama al resto. Y no hay indicios de que la situación varíe a mediano plazo:
el Norte Grande es la región más pobre del país y la Patagonia un desierto
despoblado.
El Mercosur
El Mercosur
tiene por objeto central construir un mercado común en el cual circularán
libremente los factores de producción (bienes, servicios, capital y trabajo),
pero hasta ahora no ha pasado de unión aduanera imperfecta, lo cual, en la
escala de modalidades integrativas, está unos cuantos escalones por debajo del
mercado común. Quizá tal demora se deba a que todavía no superamos las
tensiones que genera la estructura productiva de nuestros países: ¿seremos
todos granja y taller a la vez?; ¿intentaremos algo cualitativamente superior
que granja y taller?; las evidentes asimetrías de los cuatro restantes con
Brasil, ¿son dirimentes? ¿Brasil será un par leal o jugará finalmente en las
ligas mayores, asumiendo un liderazgo subregional que de hecho se le ha
regalado?
El Tratado
de Asunción previó que a fines de 1994 el Mercosur debía darse una estructura
orgánica definitiva. Lo hizo con el Protocolo de Ouro Preto de diciembre de ese
año, en el cual se establecieron los órganos principales: el Consejo del
Mercado Común, que es el superior; el Grupo Mercado Común, su órgano ejecutivo;
la Comisión de Comercio, para diseñar políticas comerciales y arancelarias
comunes, un foro consultivo integrado por sectores de la sociedad civil, la
secretaría administrativa y la comisión parlamentaria conjunta, representativa
por entonces de los poderes legislativos de los países miembros.
Las
funciones de la CPC no pasaban de un nivel cuasi administrativo y su misión era
acelerar los procedimientos internos para la pronta entrada en vigor de las
normas emanadas de los otros órganos, las cuales debían ser receptadas en cada
país a través de sus procedimientos constitucionales. Esta es la enorme
diferencia con un proceso basado en derecho comunitario, en el cual las
resoluciones de sus órganos son de aplicación automática y obligatoria para
países y ciudadanos. Así funciona la Unión Europea desde el Tratado de
Maastricht hasta la última reforma de Lisboa.
En realidad
acá no inventamos nada, antes bien se repite el derrotero del Parlamento
Europeo, que empezó teniendo modestas funciones vinculadas al presupuesto
general hasta ser lo que hoy es. La existencia del Parlasur cubre lo que se ha
denominado el "déficit democrático", ya que los procesos de
integración tienden a centralizarse en los respectivos poderes ejecutivos.
En el año
2005 el Consejo del Mercado Común adoptó su decisión Nº 23 que instituye el
Protocolo Constitutivo del Parlasur, cuyos representantes deben reunir los
mismos requisitos para ser diputado nacional, duran cuatro años en sus
funciones, pueden ser reelectos y poseen las inmunidades parlamentarias
usuales. No están sujetos a ningún tipo de mandato, actúan con total
independencia y se agruparán en función de afinidades políticas, igual que en
la UE. Esos diputados trabajarán en comisiones, permanentes, temporarias y
especiales, siguiendo las pautas fijadas del reglamento interno.
Los
mercodiputados deberán sostener la pluralidad ideológica y política del bloque
subregional, la promoción y defensa de la democracia, del desarrollo
sustentable y de los valores ciudadanos y comunitarios. Suponer que con estas
premisas se cambie la realidad de un país es, cuanto menos, ingenuo. Dicho de
otro modo, no será el Parlasur ni ninguno de los órganos del Mercosur los que
definan un proyecto nacional con visión de largo plazo. Esa es una tarea
inexcusablemente interna y prioritaria. Por caso, ¿en el Parlasur se decidirá
el aprovechamiento integral del Bermejo?
Desde cierto
punto de vista institucional puede ser un avance, aunque presupone un cambio
cultural de la ciudadanía no trabajado adecuadamente. Ojalá los futuros
diputados estén conscientes de que el Mercosur no saldrá de su estancamiento
con voluntarismos y que la mejor forma de afianzarlo es construyendo economías
prósperas, dinámicas y tecnologizadas. Ningún país corregirá los errores de los
otros y la suma de pobrezas nunca hizo una riqueza.
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