Revista Claves nº 245
– noviembre 2015
Cuatro cuestiones implacables condicionan la
unidad y proyección de América Latina en un mundo multipolar. Cada una posee su
etiología y significación, todas con pronóstico reservado: la cuestión de soberanía
argentina sobre las islas del Atlántico Sur, la salida al mar de Bolivia, la
trabajosa reinserción de Cuba y el proceso de paz en Colombia concretado con un
acuerdo histórico trabajosamente elaborado. A esto último referirá esta nota.
Así subtitulamos un acápite
-refiriendo a la situación colombiana a fines del siglo XX- de una nota
publicada en esta Revista[1], luego de un encuentro con
Javier Calderón, “embajador” de las FARC, quien recorría la Argentina procurando
apoyo al reconocimiento de su grupo como comunidad
beligerante[2].
Para entonces, la desarticulación
de los cárteles de Medellín y Cali por la muerte de Pablo Escobar -diciembre
1993- y la detención de los Rodríguez Orejuela –a mediados de 1995-, dio un
giro previsible: los campesinos cultivadores, aprovechando el vacío, empezaron
a elaborar pasta base. Tanto las FARC como paramilitares –en especial las Autodefensas
Unidas de Colombia[3], su
enemiga íntima- de a poco ingresaron en el negocio (que Calderón negaba
enfáticamente) y, obvio, los ideales revolucionarios o contrarrevolucionarios
se bastardearon con el pretexto del sostenimiento económico.
Haber cruzado aquella delgada línea
roja significó para las FARC un paulatino desprestigio que se transformó en un
serio problema dentro mismo de esa agrupación y de cara a la sociedad
colombiana.
Con todo, esa es historia reciente.
Si hubiera que preguntarse -como Zavalita respecto de Perú en Conversación en La Catedral- ¿cuándo se
jodió Colombia?, su espiral de violencia de tres patas arrancó con el asesinato
de José Eliécer Gaitán en el lejano abril de 1948 y desde entonces no paró.
Gobierno, guerrillas y paramilitares no pararon nunca, salvo pequeñas treguas
que no duraron nada[4].
Una guerrilla asentada en la ortodoxia
marxista-leninista, con mutación genética en el foquismo guevarista y sus fundamentos
teóricos, ¿puede subsistir en un mundo que está cambiando de paradigmas después
de la implosión de la Unión Soviética y del fracaso norteamericano en Irak?
¿Cómo sostener, entonces, una “guerra
revolucionaria” (valga el entrecomillado) propia de la Guerra Fría en el actual
contexto mundial? ¿Acaso no basta con los 220.000 muertos y 6 millones de
desplazados ocasionados durante medio siglo? En verdad, eso no daba para más.
El contexto
El cambio de perspectiva por parte
de la cúpula de las FARC hace una década al menos, estuvo motivado por varios
sucesos: el abatimiento en territorio ecuatoriano de Raúl Reyes en marzo 2008; la
liberación luego de seis años de cautiverio -julio 2008- de Ingrid Betancourt,
ex candidata presidencial por el Partido Verde; los Diálogos del Caguán con las
FARC, el ELN (por separado), y el gobierno conservador de Andrés Pastrana[5]
(1998-2002), finalmente agotado antes de ceder la banda presidencial al liberal
Álvaro Uribe; la rehabilitación por el Consejo de Estado en julio de 2013 de
Unión Patriótica, partido político creado por las FARC en 1983 e inhabilitado
en 2002 por el Consejo Nacional Electoral[6].
No obstante, la implacable Historia
aportó tres sucesos, respecto de los cuales ni guerrilla ni gobierno tuvieron incidencia,
para apurar las negociaciones concluidas con el seco saludo entre Juan Manuel Santos
(JMS) y Rodrigo Londoño (a) Timochenko en La Habana, el 23 de septiembre
pasado: 1 - el cambio de posición de la Casa Blanca de Barak Obama respecto de
la democracia en América Latina en general y la situación de Colombia en
particular, 2 - el agotamiento de la experiencia revolucionaria del castrismo y
la reanudación de las relaciones diplomáticas con EEUU, incluido el
levantamiento tarde o temprano del embargo, 3 - la incógnita venezolana con probable
debacle electoral en las parlamentarias del próximo 6 de diciembre.
Esos datos objetivos marcaron el
punto de arranque del proceso de paz. Para viajar a La Habana y firmar el
acuerdo, Timochenko debió salir de su escondite selvático (de donde no se movía
hace cuarenta años); ello da pauta de lo difícil que será desarticular
afrentas, rencores y aberraciones en una sociedad muy fragmentada.
El novedoso acuerdo –avalado por
Luis Moreno Ocampo, según contó el propio presidente Santos- propone que las
FARC se sometan a un proceso judicial integral, mecanismo distinto al de otras
experiencias tenidas en cuenta, como el Acuerdo del Viernes Santos en Irlanda
del Norte (1998) y la Comisión para la Verdad y la Reconciliación que operó en
Sudáfrica hasta 1999, que de tan trabados debieron concluirse con amnistías e
indultos.
Cabe destacar el beneplácito general
de los gobiernos de nuestra región y europeos, en particular el seguimiento y
apoyo del Departamento de Estado, cuyo enviado -Bernard Aronson- tiene llegada
directa a Barak Obama. Y a Raúl Castro, frente a la titánica tarea de
recomponer relaciones con EEUU, le venía de perlas ofrecer Cuba para las rondas
negociadoras: allí las FARC no estarían incómodas. El gobierno colombiano lo
aceptó en tanto mesa y sillas estuvieran en sede neutral: la embajada de
Noruega, país de experiencia como facilitador del diálogo en complejos
conflictos (Filipinas, Guatemala, Haití, Israel-OLP, Sri Lanka). El embajador
Dag Nylander jugó un papel muy reconocido por las partes.
El Vaticano, por cierto, no perdía
detalle ante la inminencia de la visita papal a la isla. Cuando el acuerdo se
estancó a mediados de septiembre, se superó la instancia pues las contrapartes
y el gobierno cubano mismo no tenían el menor interés de que la visita de
Francisco se iniciara con la mala noticia del
descarrilamiento del esforzado diálogo. El Papa había recibido a JMS en
el Vaticano el pasado 14 de junio y en la ocasión ofreció “su ayuda personal”
en el proceso de paz, que a esa fecha estaba plagado de incertidumbres. A su
regresó a Bogotá, JMS dio el famoso ultimátum: si en noviembre no estaba suscripto
el acuerdo, el gobierno se retiraría de las negociaciones y todo volvía atrás.
Un aspecto importantísimo fue la
prolija selección –y mutua aceptación- de los integrantes de las respectivas
delegaciones, compuestas por políticos, abogados y militares. Los principales,
por el lado del gobierno, Humberto de la Calle (vicepresidente de Ernesto
Samper y jefe de la delegación oficial), Sergio Jaramillo y Oscar Naranjo; por
el lado de las FARC, Iván Márquez y Henry Castellanos.
Jurisdicción especial de paz[7]
Los delitos que acumulan integrantes
de ambas partes en más de medio siglo son asalto, daños materiales, extorsión,
homicidio, lesiones, narcotráfico, rebelión, reclutamiento forzoso, secuestro,
terrorismo, toma de rehenes, torturas y violencia sexual. Tanta afrenta de un
lado y de otro no podía quedar sin sanción respetando la consigna verdad y
justicia.
La futura paz se asentará en un
proceso especial de paz, con la armazón de un sistema integral de justicia,
intensamente debatido en Bogotá y La Habana durante más de cuatro meses, cuyos
ejes sustanciales son la Comisión de la Verdad, la reparación a las víctimas y
la “garantía de no repetición”. Ambas delegaciones habían entendido que su
debate no era una pulseada para imponer teorías jurídicas, y debían construir a
partir de la experiencia antes que de las diferencias.
De este modo se garantizará que no
haya impunidad; la amnistía -prevista en la Constitución colombiana- se
habilitará para delitos políticos y conexos, por medio de una ley ad hoc que deberá sancionar el Congreso. También se estableció que esta
justicia alcanzará a todos los que hayan cometido crímenes de guerra, sean
guerrilleros, militares e incluso civiles.
Otro principio básico es “a más
verdad, menos sanción, y viceversa”; en el primer caso las sanciones pueden
variar entre cinco y ocho años; en el segundo, prisión de hasta veinte años.
Un aspecto particularmente sensible
-en el cual estuvo involucrada la Casa Blanca- fue garantizar que no habrá
extradición a Estados Unidos, decisión cuya implementación debe estar ajena a
los avatares políticos colombianos posteriores.
Se dispuso que la jurisdicción se divida
en salas con competencia para resolver incidentes, apelaciones y revisiones,
más un tribunal como “instancia de cierre jurídico”.
Ya estando JMS y Timochenko en La
Habana, la suscripción del acuerdo no tenía plazo y la delegación gubernamental
exigió que se impusiera uno, pues a esa fecha debe coincidir además con el
inicio del desarme.
Con este acuerdo se pretende sentar
en la mesa de negociaciones al Ejército de Liberación Nacional, que no podrá
autoexcluirse ni ser excluido. Es una tarea pendiente acordar con él algo
similar.
A modo de conclusión
Lo acordado es un avance
sustancial, pero que no garantiza que su implementación sea rápida y eficaz. A
partir del 24 de septiembre hay seis meses para firmar el fin del conflicto y
de allí dos meses más para comenzar el desarme.
F. de Klerk decía con razón –a
propósito de los acuerdos de Sudáfrica- que a veces es más difícil convencer a
los propios que al bando contrario. Los principales medios de comunicación
colombianos han recibido con entusiasmo la noticia y lo que ellos publican no
deja de haber preocupación por la reacción de la gente y el mal uso que pueda
hacer la política de este logro. Así están las cosas, hoy Uribe es una piedra
en los zapatos de Santos, aunque hay dudas razonables que el ex presidente
aprovecha políticamente pero igual reflejan cierta inquietud popular (sobre el
efectivo cumplimiento de las penas o el pago de indemnizaciones, por ejemplo)[8].
Sin embargo, más del 70% de los
colombiano ansían se concrete una paz definitiva. No ayuda a este trabajoso
proceso que, aparte de la fractura social existente, se incremente el
escepticismo y el resentimiento de la ciudadanía.
¿Inexorable? La paz en Colombia
sigue pendiendo de un hilo. El realismo mágico, en la tierra donde se inventó,
constituye una dimensión infaltable a la hora de los cálculos políticos.
[1] Puede ser de
utilidad repasar “Colombia: el reencuentro
de la historia”. Claves nº 85 – nov.
1999. Aquella reunión se realizó a fines de septiembre de ese año en el ex Café
Dalí de calle Caseros, pleno centro de Salta.
[2] En enero de 2008, Hugo
Chávez pidió a la comunidad internacional tal reconocimiento, que Venezuela
nunca concretó; en abril de ese año el comandante fue propuesto por la
destituida senadora Piedad Córdoba para actuar como mediador en un canje de
prisioneros, con aval de N. Sarkozy.
[3] Las AUC celebraron con
el gobierno de Uribe un acuerdo de desmovilización a mediados de 2003.
[4] Con picos de tensión, el
ELN y las FARC operan territorialmente desde 1964, el M 19 desde 1970 y el EPL
desde 1967; se suman cuatro fracciones desprendidas de aquellas. Los
paramilitares, cuyo origen se vincula con sectores reaccionarios de las fuerzas
armadas, se nuclearon en las AUC, la más conocida e importante, y en Muerte a Secuestradores (MAS), el Escuadrón de la Muerte,
Prolimpieza del Valle del Magdalena, Movimiento Anticomunista Colombiano,
Escuadrón Machete, Comandos Verdes, et alii, cuya desmovilización degeneró en las Bacrim (“bandas criminales”, como
los Águilas Negras, Los Rastrojos, los Urabeños, otro dolor de cabeza para el
Estado colombiano), dadas de lleno al narcotráfico.
[5] Él y Bill Clinton fueron autores del Plan Colombia, a la postre un escollo para la negociación bilateral.
[6] La UP fue creada en el marco del primer intento de paz de las FARC y el
Estado, durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986).
[7] Para este apartado hemos
tenido como referencia el dossier publicado en la revista Semana nº 1743 (27/09-04/10) con el título “Haciendo historia. Qué
significa para Colombia el acuerdo firmado entre el presidente y el jefe de las
Farc”, que se edita en Bogotá; www.semana.com
[8] El ex presidente (2002/2010)
y actual senador, de quien Santos fue ministro de defensa entre 2006 y 2009,
estando operativo el Plan Colombia. Uribe, líder del Centro Democrático, ha
señalado 68 “objeciones” al plan de paz de JMS, hoy un adversario
irreconciliable.
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