Setenta y
seis días después de asumida la presidencia, Mauricio Macri tuvo su bautismo de
fuego: primer paro nacional con movilización, promovido por ATE y otros gremios
estatales. La justificación de la convocatoria se basó en la “ola de despidos y
la precarización laboral” de los agentes públicos. Fue una pulseada política
para medir fuerzas con el actual gobierno y tantear el futuro de la protesta
social, vinculada en este caso al elemental derecho de huelga que poseen los
trabajadores.
El año
pasado hubo numerosos estudios referidos al desmadre del empleo público y a la
designación -en los tramos finales del kirchnerismo- de cuadros militantes en
distintos organismos. Costará bastante separar la paja del trigo para realmente
saber dónde estamos parados. Lo cierto es que la Administración Pública, hábitat
natural de la burocracia, no goza de simpatía popular y eso es malo.
No hay
mortal que no haya padecido alguna vez los enredos burocráticos, sea de la
pública o privada (que también existe e igual de fea). Quien esto escribe ha
recorrido el espinel de las burocracias provinciales y nacionales por razones profesionales,
además de haber asesorado a la sección salteña del gremio estatal más grande; de
modo que lo hace con conocimiento de causa.
La
palabra burocracia es de etimología franco-griega: boureau –escritorio- y kratos
–gobierno-, refiriendo así a las personas que “gobiernan” detrás de un
escritorio. Por su parte, el diccionario de la RAE reconoce tres acepciones,
que viene bien conocer: 1 – influencia excesiva de los empleados públicos en
los negocios del Estado, 2 – conjunto de funciones y trámites vinculados a la
ejecución de una decisión administrativa, y 3 – clase social que forman los
empleados públicos. Se impuso el segundo sentido, inmortalizado en la tortuguita de la rebelde Mafalda, pero se
trata de un combo cuya carga peyorativa la estigmatizó.
El 22 de
febrero el presidente Macri presentó un programa de modernización estatal,
coronando el acto con una definición drástica y contundente: “el Estado no puede seguir funcionando
como el aguantadero de la política", lo cual es cierto. Pidió a
gobernadores e intendentes del país a darle transparencia a los trámites
administrativos, a recuperar la carrera del empleado público, a reducir la
burocracia e incorporar herramientas tecnológicas en todos los estamentos. Se
calcula que el sector público crece anualmente cinco veces más que la población;
entre 2007 y 2014 subió al 3,7% mientras el privado bajó un 0,05.
El anuncio forma parte de un plan destinado a
reorganizar una Administración Pública ineficaz, descontrolada y superpoblada.
En ella conviven “capas geológicas” acumuladas en cada gobierno que llenó
oficinas con propia tropa, y forman parte de sucesivas pesadas herencias cuyo
costo soporta la sociedad entera. El gobierno nacional ha propuesto realizar un
relevamiento área por área y sector por sector para verificar la cantidad de
empleados y el carácter de su vinculación, pues la precarización laboral hizo
de la Administración un empleador fraudulento.
Con el correr de los días sabremos cuánto hay
de cierto, tanto en la vocación de cambio como en la situación real de la
Administración Pública estatal en todos sus niveles: nacional, provincial y
municipal, centralizada y descentralizada.
En suma, estamos en una situación difícil y no
hay forma de resolver nada si no es con un drástico cambio político-cultural y,
por ende, llevará al menos el curso de una generación. No se soluciona con voluntarismo
si hablamos de un servicio indispensable, cuya función primaria es que el
aparato estatal funcione adecuadamente y en beneficio de los administrados.
Hay razones para entrever que la tarea sea
titánica. En primer lugar porque los sectores involucrados son varios:
funcionarios políticos y de carrera, sindicatos y los propios agentes públicos.
No será posible cambiar nada sin un acuerdo en dos cuestiones elementales: un
sistema de ingreso transparente y práctico sobre la base de un concurso de
antecedentes y oposición, y un mecanismo de promoción, ascensos y
perfeccionamiento.
Como se advierte, se trata de construir –porque
no existe- una carrera administrativa basada obviamente en el mérito y no en el
acomodo o el favor político, causa eficiente de la mediocridad. La experiencia
indica que cuando a las personas se les exige y retribuye como corresponde, se
esmeran y responden por autoestima. ¿Cómo explicar, entonces, el desinterés
histórico para lograr tales objetivos? ¿Por qué los gremios estatales no son
más exigentes al respecto? ¿Cuándo entenderán los políticos que la
Administración no es un coto reservado de nadie?
Según un estudio de Noanomics, reproducido por
este diario en su edición del 13 de febrero, Salta es la cuarta provincia en
cantidad de empleados públicos: de 2003 a 2014 la planta aumentó un 84%; solo
en 2015 se incrementó el 9,3%. Otro informe señala que el salario promedio de
un empleado público asciende a $ 8.600 contra $ 5.200 del sector privado.
Un aspecto no menos importante es definir qué
tipo de burocracia corresponde o necesita cada país. No es lo mismo Argentina
que Suecia, donde el aparato del Estado funciona de maravillas porque la enorme
carga impositiva se traslada responsablemente a servicios de primer nivel
(educación, seguridad, sanidad, justicia, transporte). Al contrario, si un país
utiliza la Administración como principal fuente de empleo, algo no está
funcionando.
Un desarrollo armónico debe basarse en la
adecuada relación entre empleo público y privado. Si pequeñas y medianas
empresas –usualmente las que más absorben empleo- no son incentivadas porque no
existe un plan de largo alcance, es inexorable que la Administración sea la
primera dadora de trabajo.
Cuando
leí hace tiempo De Hiroshima a la
Glasnost (Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1989), memorias de
Paul Nitze uno de los más relevantes diplomáticos norteamericanos durante la
Guerra Fría, advertí la importancia y el prestigio que significa integrar los
cuadros de la administración pública norteamericana. En cierta época de su
vida, Nitze debía elegir entre una brillante carrera de abogado o ingresar a la
Administración. Optó por lo último y no se arrepintió. Lo propio puede decirse
de Francia con su reconocidísima Escuela Nacional de Administración (ENA), en
la cual se han formado y forman los altos funcionarios franceses.
En la
teoría del poder hay un capítulo importante dedicado al poder nacional, formado
por recursos tangibles e intangibles. Entre estos últimos tiene lugar destacado
la capacidad de las burocracias, cuya preparación es un objetivo estratégico
nacional. ¡Cómo cambiarían las cosas si se partiera de esta percepción!
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