Diario El Tribuno, 02 de octubre 2014
La información de los
argentinos sobre la Antártida es bastante difusa. Esta es una apreciación
personal recogida de la experiencia universitaria. La mayoría de jóvenes -y
adultos también- carece de conocimientos básicos acerca del estatus del
continente helado, considerándolo “patrimonio común” de la humanidad. De hecho,
tenemos buena parte de la responsabilidad quienes podemos aportar más noticias
sobre el tema.
Independiente del
“detalle” institucional, Argentina mantiene una presencia activa y permanente
en la Antártida desde febrero de 1904, fecha en que se instaló un Observatorio
Meteorológico dependiente del Ministerio de Agricultura en las Islas Orcadas.
Aun antes de esa fecha, la actividad fue intensa y en ella apoyamos buena parte
de nuestros títulos de soberanía sobre el sector descripto con vértice en el
Polo Sur. [Dentro de los actos de presencia soberana hay que contar sin duda la
expedición de nuestro comprovinciano, Gral. Jorge Leal, quien -en marcha
terrestre a ese remoto confín del planeta- plantó la bandera argentina, en
diciembre de 1965].
Sería extenso relatar
los pormenores que llevaron a doce países vinculados a la Antártida a suscribir
un tratado regulador en 1959, en la ciudad de Washington. Era otro capítulo de
las tensiones propias de la Guerra Fría, pues las dos superpotencias tenían clara
la importancia geopolítica de aquel continente casi desconocido y sus aguas
adyacentes.
Con el correr del
tiempo, los Estados involucrados originariamente y los demás que se fueron
adhiriendo con los años al Tratado Antártico, lograron construir un “sistema”
sin intención de constituir una organización internacional. Sería una zona
desnuclearizada, de libre investigación científica y abierta a la cooperación
en tal sentido.
La cuestión de la
soberanía fue expresamente prevista en el art. 4, acordando una fórmula de “congelamiento”:
1 - ninguna disposición del Tratado implica renuncia a los derechos de
soberanía o a reclamaciones precedentes; 2 – ningún acto o actividad realizados
durante la vigencia del Tratado puede servir de fundamento para apoyar o negar
una reclamación; 3 – no habrán nuevas reclamaciones de soberanía durante la
vigencia del Tratado. Los títulos que, por nuestra parte hemos esgrimido, se
basan en la continuidad geológica, contigüidad geográfica, herencia histórica
de España, actividades foqueras desde 1820, ocupación permanente desde la
instalación en Orcadas, instalación y mantenimiento de bases temporarias,
investigación científica y trabajos cartográficos, instalación y mantenimiento
de faros y ayudas para la navegación, tareas de rescate, auxilio y apoyo y
presencia en todo el Sector (tierra, mar y aire) incluso el Polo Sur.
Con el tiempo, y dada su
importancia estratégica, varios países se fueron sumando asentando bases o
simplemente adhiriéndose. De tal manera, de los 50 países integrantes del
Sistema Antártico, 29 tienen el rango de partes consultivas, con voz y voto en
las Conferencias de Partes –treinta y nueve hasta la fecha- en las cuales se debaten
los asuntos antárticos.
El Tratado de 1959 no
preveía plazo de duración, pero transcurridos 30 años de su entrada en vigencia
en 1961, podía llamarse a una conferencia general de revisión. Las condiciones
políticas mundiales hacia 1991 con el tembladeral de la Unión Soviética, no
eran las más propicias. La convocatoria se limitó a acordar un Protocolo con cinco
anexos (sobre impacto medioambiental, conservación de flora y fauna antárticas,
eliminación y tratamiento de residuos, prevención de la contaminación marina y
un sistema de áreas protegidas), en una conferencia realizada ese año en
Madrid. Allí se acordó una moratoria por 50 años que impide cualquier
explotación económica de los recursos naturales comprendidos al sur del
paralelo de 60º.
El uso y control de la
Antártida es de los pocos casos en que los países involucrados han cooperado
satisfactoriamente, lo cual no significa inexistencia de posturas encontradas y
de conflictos de intereses. La frecuencia y especialidad de las reuniones interpartes
llevó a plantear la necesidad de contar con una secretaría administrativa permanente,
cuya sede aspiraban Argentina y Australia. Una ardua diplomacia de nuestro país
le permitió contar con el apoyo de la mayoría de los países hasta vencer la última
resistencia británica, y la sede se asignó a la ciudad de Buenos Aires en la
XXVI Reunión Consultiva, Madrid junio de 2003, ocasión en la que fijaron sus
funciones y se adoptó el Acuerdo de Sede correspondiente. También tuvo que ver en
la decisión nuestra larga trayectoria antártica, llevada a cabo de modo sistemático,
pacífico y coherente.
Como un modo de
reafirmar nuestro interés nacional, el Instituto de Derecho Internacional de la
Universidad Católica y la Sección de Derecho Internacional Público de la
Asociación Argentina de Derecho Internacional decidimos invitar al Secretario Ejecutivo
desde septiembre de 2010, Dr. Manfred Reinke, biólogo alemán ex director del
Instituto Alfred Wegener, para que exponga sobre el funcionamiento de la
Secretaría a diez años de su establecimiento, lo cual se llevará a cabo en el
Centro Cultural América el martes 7 de octubre a horas 16. Será un lujo que
podremos darnos esa tarde.
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